Bahía Blanca.- A cinco años de que dos mochileras santafesinas fueran asesinadas por un vigilador de camiones que violó a una de ellas cerca de esta ciudad, el condenado a reclusión perpetua insiste que es inocente y las familias de las víctimas reclaman una indemnización de seis millones de pesos.
El crimen de María Dolores Sánchez, de 18 años, e Irina Laura Montoya, de 25, ocurrió el 18 de febrero de 1997, en un camino vecinal en el límite entre Bahía Blanca y Tornquist. Allí había llegado Eduardo Fermín Elicabe, de 43 años, al desviarse de la ruta nacional 33 con su Fiat Duna en el que viajaban las chicas que había levantado a las 4 de ese día en una estación de servicio de la localidad e Guaminí, con la promesa de llevarlas hasta Bahía Blanca.
Si bien se consideró probado el hecho, hasta hoy se desconoce que ocurrió exactamente en el lugar, pero a las 9 de ese día un tambero que pasaba encontró a las dos mochileras tiradas entre los pastos, cerca de los alambrados que delimitan el camino. Sánchez estaba muerta de un tiro en la cabeza y otro en la espalda y Montoya, agonizante, con un disparo en la nuca por el que moriría 36 horas después. Se comprobó que las jóvenes habían sido asesinadas con una pistola Pietro Beretta 6.35, que le fue secuestrada a Elicabe.
Ambas mujeres, de vacaciones, viajaban a dedo desde Rosario (donde vivían) hacia Comodoro Rivadavia, aunque eran oriundas de Chañar Ladeado.
En la confitería de una estación de servicios de Guaminí, las chicas le pidieron al mozo Carlos Lemos que les consiguiera transporte hacia el sur. El hombre interesó al camionero Ricardo Acuña, quien dijo que no podía llevarlas porque viajaba hacia La Pampa, donde vivía, pero a su vez le pidió a su vigilador en la ruta, Elicabe, que lo hiciera, a lo que éste accedió.
Acuña vio cuando Elicabe partía desde Guaminí, en medio de la lluvia, con las chicas en su auto, hacia Bahía Blanca. Pero el hombre no pudo contarlo en el juicio porque meses después apareció colgado de un árbol en las afueras de Santa Rosa. Para la policía pampeana se trató de un suicidio.
Un historia abierta
Tres días después de cometido el crimen, Elicabe fue detenido en su domicilio de Bahía Blanca, en el que vivía con su mujer embarazada. Desde entonces jamás confesó la autoría del hecho. Pero la Justicia lo condenó a "reclusión perpetua, más la accesoria por tiempo indeterminado", por el doble crimen, violación de una de las chicas y portación de arma de guerra. La defensa de Elicabe apeló el fallo condenatorio y la causa está actualmente a consideración del Tribunal de Casación bonaerense.
No obstante la trágica historia no está cerrada aún, ya que el descubrimiento de drogas en un camión de la empresa Oro Negro días atrás, reactualizó denuncias del condenado en épocas del juicio. Elicabe puso en duda que los camiones, mayoritariamente de la firma Oro Negro, trasladaran sólo mercaderías y para respaldar sus dichos aludió al pago de grandes sumas que se realizarían para custodiar unidades cuya carga declarada no lo justificaba.
El comisario retirado Hugo Leónides Soria, dueño de la empresa de vigilancia SOR, que no estaba legalmente inscripta en la provincia y para la que trabajaba Elicabe, negó toda irregularidad en su empresa y habló de características irascibles en la personalidad de Elicabe y de su supuesta tendencia "a fabular".
Demanda millonaria
Por su parte, los familiares de María Dolores Sánchez e Irina Laura Montoya entablaron juicio a mediados de 2000 contra la provincia de Buenos Aires por "no controlar debidamente las empresas de vigilancia actuantes en su territorio". La acción judicial, actualmente en el Tribunal de Casación, fue extendida al comisario retirado Soria y su empresa de vigilancia en ruta SOR, en la que trabajaba Elicabe, cuando ocurrió el doble crimen.
La argumentación de los abogados patrocinantes es que Elicabe mató "en ejercicio de su tarea como vigilador de una empresa no registrada o clandestina, que la provincia tenía la obligación de controlar".
La suma requerida por los familiares como resarcimiento de unos seis millones de pesos que, en caso de que la justicia les de la razón, deberían pagar la provincia y el comisario Soria.
En tanto, en el sitio donde fueron encontradas las jóvenes, el padre de Montoya erigió un monolito con materiales aportados por gente de Bahía Blanca, donde se realizan anualmente recordatorios de las jóvenes víctimas. (Télam).
La Ciudad
