Misión del FMI y BM escucha los reclamos de las privatizadas

Miembros de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) mantuvieron ayer reuniones con los representantes de las compañías de servicios en la Argentina y con el ombudsman nacional Eduardo Mondino, con quienes discutieron las adecuaciones de los contratos y un eventual ajuste tarifario.
Los técnicos extranjeros se presentaron ante la Asociación de Empresas de Servicios Públicos en la Argentina (Adespa) para escuchar los pedidos más urgentes de esas compañías e interiorizarse del estado actual del desarrollo de los contratos de explotación.
La misión del FMI-BM a partir de hoy se reunirá por separado con los distintos sectores prestatarios de servicios comenzando por el suministro de agua potable y cloacas.
Durante una reunión que mantuvieron en la Casa Rosada, el director del Banco Mundial en Argentina, Axel Van Trotsemburg, y el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, admitieron que en el temario a analizar figuran las concesiones del correo y de aeropuertos.
Atanasof y Van Trotsemburg avanzaron sobre la constitución de un marco regulatorio de mediano y largo plazo para discutir la renegociación de las pautas contractuales de empresas privatizadas.
Las concesionarias de servicios de electricidad, gas, agua y teléfonos, entre las mas importantes, reclaman una recomposición tarifaria en virtud de la fuerte devaluación monetaria dispuesta por el gobierno tras la caída del régimen de convertibilidad.
Todas estas empresas de servicios públicos también deben renegociar con las autoridades las condiciones generales de sus contratos de concesión, lo que incluye los planes de inversión a ejecutar para el mantenimiento y la expansión de los servicios a su cargo.
El defensor del Pueblo de la Nación le dijo a los representantes de los organismos internacionales que la readecuación de los contratos de concesión no pueden efectuarse sin tener en cuenta el nuevo escenario económico, jurídico y social que vive la Argentina.
La delegación estuvo integrada por Katherine Christopherson, del área legal del FMI, y Juan Gaviria y Gianina Budkin, del Banco Mundial.
Mondino aseguró que desde la Defensoría del Pueblo se "agotarán todas las instancias administrativas y judiciales para que no se produzcan incrementos tarifarios de emergencia; se respeten los derechos de los usuarios y consumidores".
También consideró necesario "readecuar los contratos a la nueva realidad económica y social de la Argentina y para que este proceso de renegociación sea total y absolutamente transparente", concluyó el ombudsman nacional.