El gobierno deberá informar sobre las renegociaciones

La Justicia avaló los aumentos en las tarifas de luz y gas

Un juez capitalino resolvió a favor de los incrementos decretados por el gobierno nacional en enero último

La Justicia resolvió ayer convalidar los aumentos tarifarios de luz y gas dispuestos por el gobierno a fines de enero, pero ordenó al Poder Ejecutivo la obligación de informar sobre la calidad de los servicios y la marcha de la renegociación de los contratos de las empresas públicas privatizadas.
La decisión quedó plasmada en el fallo del juez en lo contencioso administrativo Guillermo Rossi, al hacer lugar de manera parcial a una medida cautelar de la defensora del Pueblo porteña, Alicia Oliveira.
Al resolver de esta forma la medida cautelar, el magistrado convalidó la vigencia de los aumentos de las tarifas del 7,3% para el gas y del 9% para la luz, que el Ejecutivo había autorizado por decreto los últimos días de enero pasado.
Por otra parte, el juez se hizo eco del pedido de Oliveira en cuanto a la protección del derecho de los usuarios a recibir información sobre el estado de las prestaciones de los servicios públicos y del proceso de renegociación de los contratos de las concesiones.
De esta manera, Rossi marcó la obligación del Estado de tutelar el interés público y darles satisfacción a los usuarios, y a la vez la "necesaria participación" de éstos "en defensa de sus derechos, a través de información veraz, detallada, suficiente y eficaz".
El magistrado destacó que "el Ejecutivo debe garantizar a la población la continuidad y eficiencia de los servicios públicos en niveles de calidad y seguridad, en un proceso de renegociación que por su magnitud y características no tiene antecedentes similares en el país".
Rossi dispuso que, hasta que se celebre una audiencia pública, el Ejecutivo produzca informes, el primero dentro de los cinco días de notificado de la resolución y "luego el tercer lunes de cada mes mientras se desarrolle el proceso de renegociación de los contratos".
El magistrado detalló que el Ejecutivo debe informar sobre el "nivel de cumplimiento por parte de las concesionarias respecto de las obligaciones a su cargo y de la calidad del servicio" y "los términos de la propuesta empresaria formulada, estado de avance de la renegociación y modificaciones consensuadas".
Además, precisó que "la información deberá ser brindada a todos los medios de difusión oral, televisiva e impresa y publicada en cada oportunidad en dos diarios de la Capital Federal".
Por su parte, Oliveira consideró favorable el fallo porque "por primera vez en la vida vamos a ver los datos de la renegociación de los contratos, tema en el que estábamos a ciegas".
La funcionaria señaló que "pone límites a los precios y dice que tienen que ser no sólo en base a la rentabilidad sino a la calidad de la prestación y al interés y accesibilidad al servicio por parte de los usuarios".
Al ser consultada sobre el otro pedido de la medida cautelar de frenar los incrementos, Oliveira consideró que el juez "no dice que no suspende" los aumentos, sino que "hace lugar a nuestra presentación al ordenar al Poder Ejecutivo informes sobre el nivel de cumplimiento de las concesionarias, sobre los términos de la propuesta empresarial y el estado de renegociación de los contratos".
No obstante, Oliveira adelantó que pedirá una aclaratoria al juez para que explique por qué no dispuso taxativamente la suspención de los incrementos, y en base a la respuesta del magistrado la Defensoría del Pueblo determinará si apelará o no el fallo, proceso que demandará entre tres y cuatro días.
El fallo de Rossi se conoce en momentos en que la misión conjunta del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) cumple su segundo día en Buenos Aires, donde evalúa con los distintos actores involucrados la situación de los contratos de las empresas de servicios públicos privatizados (ver aparte).