Bogotá. - El conflicto colombiano se radicalizó de manera definitiva en los últimos diez días, con dos atentados de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que dejaron 53 muertos y más de 200 heridos, y la respuesta del gobierno, una ofensiva diplomática en busca de aislar internacionalmente a la agrupación rebelde.
Además de un creciente accionar -especialmente en el conflictivo departamento oriental de Arauca-, la guerrilla de las Farc realizó dos ataques de magnitud, uno en un club social de Bogotá, que causó la muerte a 35 personas el pasado 7 de febrero, y otro el último viernes, en un barrio popular de la sureña Neiva, con 18 muertos. Para mayor inquietud de las autoridades, en este último se investiga la hipótesis de que los 200 kilogramos del explosivo anfo que fueron detonados iban en realidad a ser dirigidos al presidente Alvaro Uribe. En efecto, la casa donde estaba contenida la carga dinamitera -que explotó cuando autoridades policiales y judiciales hacían un allanamiento- se encuentra muy cerca de la cabecera de la pista del aeropuerto local, donde horas después debía aterrizar el avión presidencial.
Desde que el pasado 20 de febrero se rompió el proceso de paz con las Farc, esta agrupación ha mantenido una regular ofensiva en varios frentes, pero analistas consideran que las acciones de Bogotá y Neiva representan un fortalecimiento en su accionar y un intento de golpear la estrategia de seguridad democrática impulsada por el gobierno de Uribe. "Poco a poco y dolorosamente nos iremos enterando de que el valeroso esfuerzo del gobierno para proteger la seguridad de todos es, a todas luces, insuficiente. Que se necesitarán más recursos económicos, una legislación más dura, un persistente compromiso ciudadano... y un poco más de cooperación internacional", opinó el analista militar Alfredo Rangel.
Ofensiva diplómatica
Y es justamente cooperación internacional lo que el gobierno de Uribe buscó en diferentes foros a lo largo de la semana, con el propósito de que los grupos armados ilegales colombianos, pero en particular las Farc, sean considerados como organizaciones terroristas y por ende no reciban refugio en ningún país y les sean intervenidas sus cuentas bancarias.
El propio Uribe estuvo en Panamá para una reunión con los presidentes centroamericanos, el vicepresidente Francisco Santos obtuvo en Washington una declaración de apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y lo propio se consiguió en Nueva York, donde las Naciones Unidas condenaron enérgicamente el atentado de Bogotá (aún no se había producido el de Neiva). La ofensiva diplomática fue respaldada en Colombia, donde se considera que el combate contra las Farc se debe dar en varios frentes, aunque algunas voces consideraron que el cerrar caminos a los insurgentes puede dificultar de manera decisiva un eventual proceso de paz.
El el defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, dijo que al presentar ante el mundo el caso colombiano como simplemente un caso de terrorismo internacional se está perdiendo la posibilidad de resolver el conflicto interno mediante una negociación. A mediados de esta semana otro elemento vino a enturbiar más aún el panorama. El jueves un avión de inteligencia del gobierno estadounidense fue derribado y dos de sus ocupantes, un colombiano y un estadounidense, fueron asesinados al lado de la aeronave caída, mientras que otros tres estadounidenses fueron secuestrados por las Farc. Aunque los gobiernos de Colombia y Estados Unidos han mantenido hasta ahora una posición de prudencia en sus declaraciones, es difícil pensar que este hecho no tendrá consecuencias en el futuro cercano. (AFP)
La Ciudad
