El gremio policial comunicó haber recibido notificaciones de pases a disponibilidad de un grupo de sus afiliados, lo que implica reducción de los salarios y privación de destino. Uno de los afectados es el secretario general del sindicato, Alberto Martínez, quien fue relevado como jefe del destacamento de la Terminal de Omnibus Mariano Moreno. "El motivo que se alega es haber participado de una marcha no autorizada", aseguró el oficial quien considera que la medida "tiene el claro objetivo político de aniquilarnos".
Entre los agentes puestos en disponibilidad figuran Mario Carruega (comisaría de Laguna Paiva), Miriam Reibet (comisaría de la mujer, Santa Fe), Jorge Aguiar (Unidades Especiales, Santa Fe) y Rodolfo Quiroga (Comando Radioeléctrico, Santa Fe). También está incluido con pedido de cesantía Miguel Zalazar, quien denunció tráfico de influencias para el ingreso de agentes a la institución y operaciones de espionaje sobre dirigentes políticos y sociales y periodistas.
La medida sobreviene luego de que la Asociación Profesional Policial (Apropol) requirieran una rinoscopia para el jefe provincial de la fuerza, Ricardo Milicic, al que acusaban de ser adicto a la cocaína. El alto oficial sorprendió al someterse voluntariamente a ese estudio, cuyos resultados negativos se encargó de difundir.
"La prueba de que esto es una cacería es que el 3 de febrero se presentó Oscar Coronel, de Sumarios Administrativos, en el Ministerio de Trabajo y en la Cámara de Apelaciones Laboral de la Justicia Federal para examinar el expediente del trámite de la personería gremial. Buscaba los nombres de los 64 policías que dieron su aval para la constitución del gremio" indicó Martínez.
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La Ciudad
