Empalme Villa Constitución. - Inversionistas que planean construir un motel en la intersección de la ruta 90 y autopista Rosario-Buenos Aires, en jurisdicción empalmeña, retomaron las gestiones tendientes a la concreción de este emprendimiento. En rigor, el proyecto se inició hace cuatro años, pero fue aplazado por requisitorias comunales tras una fuerte presión de la Iglesia para impedir su funcionamiento. De prosperar, se convertiría en el primer hotel alojamiento habilitado en todo el ámbito del departamento Constitución (ver aparte).
Consultado sobre el tema, el presidente comunal Ricardo Crocco sólo se limitó a admitir la existencia de gestiones por parte de los inversionistas -trámites estos relacionados al ámbito judicial- y declinó brindar mayores precisiones. "No voy a hablar hasta que la Justicia se defina", dijo Crocco en relación al expediente judicial mediante el cual los responsables del emprendimiento pretenden lograr el permiso y habilitación comunal para funcionar.
No obstante, pudo trascender que a finales del año pasado la iniciativa fue reflotada y "estaría bien encaminada". De hecho, los autores del emprendimiento estarían tramitando ante la Dirección Nacional de Vialidad un paso de servidumbre hacia la ruta 90, habida cuenta de que el predio adquirido no tiene salidas delimitadas.
Este proyecto se inició en 1999, durante la administración del entonces jefe comunal Jorge Ricci. En esa época, los inversores adquirieron un campo en la intersección de la ruta 90 y autopista Aramburu e iniciaron las tramitaciones inherentes a la construcción del albergue transitorio.
Eso no se dice, eso no se hace...
Posteriormente, en octubre de ese mismo año, la Iglesia inició su ofensiva para impedir la concreción del emprendimiento. Mediante una nota, los sacerdotes Samuel Martino, Luis Boccia, Ramón Montón, Ramón Carrizo, Oscar Gonzalo y Segundo Quiriconi exteriorizaron su desacuerdo ante la comuna.
"Habiendo llegado a nuestro conocimiento la posibilidad cierta de que en las inmediaciones de esa localidad se levante la construcción de un establecimiento que presumiblemente se destinaría a actividades atentatorias a la moral pública, en nuestro carácter de pastores de la Iglesia Católica y preocupados por la feligresía, es que venimos a manifestar expresamente nuestra más enérgica y severa oposición a tal proyecto", señalaron los sacerdotes.
Una semana después, el obispo de Rosario, monseñor Eduardo Mirás, sumó su descontento sobre la idea. Para la máxima autoridad espiritual de la arquidiócesis rosarina, el establecimiento en cuestión "generaría a su alrededor condiciones atentatorias a la moral pública, perturbando gravemente la honra de la comunidad".
Y añadía Mirás en su misiva a Ricci: "Siento el deber de manifestarle mi profunda preocupación por la tranquilidad espiritual y el respeto por el pueblo que usted dignamente preside, ya que es misión de la Iglesia velar por el bien de la comunidad cristiana y de toda la sociedad humana".
A fines de 1999, tras la asunción a la presidencia comunal de Roberto Oscar González y su decisión de exigir el cumplimiento de una serie de requisitos establecidos por la comuna para la concreción del proyecto, los inversionistas optaron por seguir el trámite ante la Justicia.
La Ciudad
