Una organización no gubernamental (ong) vinculada a la Iglesia Católica logró ayer que la jueza federal de Córdoba, Cristiana Garzón de Lascano, haga lugar a un recurso de amparo para suspender la aplicación de la ley de salud sexual y procreación responsable en "todo el territorio nacional".
La medida implica que el Estado nacional, a través del Ministerio de Salud y Acción Social, deberá "abstener de ejecutar" dicho programa, incluso en lo concerniente a la reglamentación -todavía en preparación-, la capacitación de agentes sanitarios, la difusión y, sobre todo, disponer del dinero previsto en el presupuesto nacional para tal fin.
Si bien la medida fue interpuesta por la organización Mujeres por la Vida (Filial Córdoba) el pasado 30 de diciembre, recién quedó firme ayer al no presentar la cartera de salud la apelación correspondiente.
Representadas por su presidenta, Cristina González de Delgado, la entidad solicitó en aquella oportunidad la "inconstitucionalidad" del programa y reclamó a la Justicia que "impida la aplicación en todo el territorio nacional".
Mujeres por la Vida fundamentó su pedido al subrayar que la norma vulnera "tres derechos de rango constitucional".
Según la organización, la normativa vigente atenta contra la vida porque "permite fármacos que deberían ser considerados abortivos", y contra la salud de las mujeres al facilitar la "distribución masiva e indiscriminada de elementos dañinos para evitar algo que no es una enfermedad -el embarazo-".
También altera la patria potestad, dado que la Constitución asegura que "la educación y provisión de servicios en materia de sexualidad compete exclusivamente a los padres y está expresamente prohibida al Estado".
El fallo favorable fue promocionado ayer en una breve conferencia de prensa realizada en un hotel céntrico, donde González de Delgado se mostró complacida por la decisión judicial y advirtió que "no podemos permitir que la salud de la mujer sea la variable de ajuste de las políticas económicas".
En este sentido, señaló que la ley fue "una imposición del Banco Mundial y del FMI, para llegar a un acuerdo", tal como lo citan los propios organismos multilaterales de crédito en las "Estrategias de asistencia al país".
Por su parte, el letrado patrocinante de la entidad católica, Jorge Scala, explicó que con esta medida de "no innovar" impedirá al Estado nacional disponer de unos "80 millones de pesos, según había anunciado el propio ministro (Ginés) González García, y hasta enviar anticonceptivos a las provincias".
"Tal derroche (de fondos) resulta particularmente cínico, cuando no dejan de morir chicos por desnutrición, el sistema sanitario público está desmantelado, y sin medicamentos para las personas carecientes", aseguró.
El abogado cordobés desacreditó inclusive la propia denominación de la ley, al decir que "no tiene nada de salud ni de responsable. Trata, en cambio, favorecer una enfermedad esterilizante, dado que lo que busca es que no haya procreación".
Mujeres por la Vida acompañó su demanda con documentación científica, sobre los "altos porcentajes" de mujeres muertas, por uso de los métodos anticonceptivos que se distribuyen masivamente, y también algunos prospectos, que mencionan "daños potenciales", por ejemplo al usar los denominados dispositivos intrauterinos (DIU)". (DyN)
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La Ciudad
