Buenos Aires.- El fiscal de Pilar Diego Molina Pico continuará al frente de la investigación del presunto encubrimiento del crimen de María Marta García Belsunce, según resolvió ayer el juez de Garantías de San Isidro Diego Barroetaveña, al rechazar el pedido de recusación planteado por los defensores de los imputados, quienes adelantaron ayer que apelarán la medida ante la Cámara de Garantías.
Al mismo tiempo, el abogado Juan Carlos Iglesias -quien imputó a dos jueces y dos fiscales de la causa por supuestas irregularidades procesales- pidió ayer que se investigue la presunta participación secundaria en el homicidio de los familiares y allegados a la víctima y que el cadáver sea sometido a pericias de ADN para confirmar su verdadera identidad.
"Hasta ahora en esta causa se ha cargado el peso de la investigación sobre la figura del encubrimiento sin perjuicio de la del homicidio, pero no se tuvo en cuenta el artículo 46 del Código Penal que apunta a los que «cooperaren de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo»", dijo Iglesias.
Un análisis para despejar dudas
A la vez, el profesional pidió un examen de ADN al cadáver "para desentrañar su verdadera identidad, atento la actitud distinta frente a los hechos por parte de quien aparece como su hermano (Horacio García Belsunce) y quien aparece como su hermanastro Juan Carlos Hurtig y determinar a los efectos investigativos si la misma es hija de quien aparece como su padre o en realidad no hay identidad de parentesco entre los mismos", explicó Iglesias.
A 106 días del hecho y cuando nada se sabe del o los asesinos, el juez Barroetaveña consideró que Molina Pico concurrió al velatorio en el Carmel Country de Pilar en su condición de fiscal y descartó que haya estado en el lugar como testigo, elemento utilizado por los abogados Marcelo Nardi y José Scelzi (representantes legales de los imputados) para solicitar la recusación del fiscal.
Además, el magistrado justificó la tardanza del fiscal en comenzar a investigar el crimen (el otro motivo que alentaba a los abogados) al considerar probado que cuando llegó al country los familiares y el fiscal de Casación Penal Juan Manuel Romero Victorica le manifestaron que se había tratado de un accidente doméstico cuando en realidad la mujer fue asesinada de cinco balazos en la cabeza.
Nardi anunció ayer en la puerta de los tribunales de San Isidro al enterarse de la determinación que la apelarán porque no conciben "que la dirección del proceso pueda ser ejercida por un fiscal cuyo criterio y objetividad ha sido colocado en crisis". "Esto no cambia absolutamente nada, simplemente vamos a recorrer el sendero de la impugnación a través de la Cámara de Garantías de San Isidro y luego quedará a instancias superiores resolverlo", adelantó. (Télam)
La Ciudad
