La diputada nacional del PJ María del Carmen Alarcón se presentó ayer en forma espontánea a declarar ante el juez de instrucción José Manuel García Porta, en el marco de la causa en la que el magistrado de la capital santafesina investiga el presunto tráfico de influencias en los cursos de ingreso a la policía de la provincia.
Según trascendió, la legisladora prestó declaración en calidad de testigo por espacio de media hora, patrocinada por el abogado Dante Vella y posteriormente se retiró del Palacio de Justicia sin hablar con la prensa.
En su declaración, Alarcón fundamentó las razones por la cuales remitió -tal como lo había reconocido públicamente- sendas misivas al jefe de la policía de la provincia, comisario Ricardo Milicich, y al entonces subsecretario de Seguridad Pública Enrique Alvarez, recomendando a un grupo de aspirantes a ingresar a la fuerza de seguridad, aunque dijo que "no le consta más allá de versiones y comentarios" que a los mismos se les haya solicitado dinero para concretar su inscripción.
Voceros de la diputada de la capital santafesina explicaron al término de la audiencia que Alarcón "dejó en claro" ante el magistrado "que la recomendación fue sólo para que los chicos obtuvieran la solicitud de ingreso, y no para que fueran aceptados por las fuerzas de seguridad".
Tras la sorpresiva audiencia de la víspera, el magistrado dispondría en los próximos días algunas diligencias previas a las citaciones, entre otros, del jefe de policía y el ex subsecretario de Seguridad Pública para que presten declaración testimonial.
El juez pedirá los sumarios
Entre las referidas diligencias, el juez García Porta se apresta a requerir a las autoridades policiales los sumarios administrativos iniciados con relación a la denuncia formulada por el auxiliar principal Miguel Zalazar, miembro de la Asociación Profesional de la Policía (Apropol), sobre presuntos casos de espionaje a políticos, periodistas y representantes de asociaciones defensoras de derechos humanos.
A su vez, Zalazar requirió en declaraciones públicas que se investiguen a fondo las denuncias de la legisladora sobre supuestos requerimientos a los aspirantes para que entreguen los tres primeros sueldos a los aspirantes a cambio de las fichas de inscripción a la policía, algo de lo cual la legisladora dijo ayer no tener más constancias que "comentarios o versiones".
Como consecuencia del revuelo desatado por las declaraciones de Alarcón, el gobernador Carlos Reutemann resolvió dejar sin efecto a fines del año los exámenes que se habían tomado a los aspirantes, para los cuales se abrió la reinscripción el pasado enero con un nuevo escandalete mediante: la detención de un agente policial imputado de vender las respuestas de los exámenes y certificados de estudios truchos, hecho que también está siendo investigado en los Tribunales santafesinos.
La Ciudad
