Luego de muchas idas y vueltas, el gobierno sancionó ayer el decreto de mediación voluntaria en los procesos de ejecuciones de garantías hipotecarias que tendrá vigencia por 90 días. El período que estableció el Ejecutivo se transformó en una de las modificaciones de última hora que dilató la rúbrica del texto. La norma estipula la creación de unidades legales en el ámbito de los ministerios de Trabajo y de Producción para intervenir a solicitud del deudor o del acreedor en los casos de ejecuciones, a la vez que enfatiza que el procedimiento será voluntario y gratuito. De la misma manera, este procedimiento de mediación denominado "unidades de emergencia legales" no suspende ni interrumpe los plazos procesales que transcurren en la instancia judicial. En el Ministerio de la Producción, se canalizarán las mediaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas, y en Trabajo se tramitarán las mediaciones de deudas de personas físicas siempre y cuando los créditos no superaran los 50.000 dólares y se hubiese pagado al menos el 20 por ciento del total del mutuo. El director del Hipotecario, Julio Macchi, se mostró de acuerdo con la decisión del gobierno, al señalar que "este decreto refleja lo que al menos el Hipotecario hace, que es no usar la ejecución como una herramienta de presión". Macchi destacó que la metodología del banco es "distinguir entre los que no quieren y no puede pagar", y aseguró que, en ese sentido, "todos los conflictos se han ido resolviendo de manera amigable". "A aquellos que no quieren pagar aprovechando la suspensión de las ejecuciones, les caemos con todo el peso", advirtió el ejecutivo, al tiempo que remarcó que "la ejecución no es negocio" para el banco. En el medio de las negociaciones que se mantuvieron entre ayer y la noche del martes en torno a este decreto, se preveía que el Senado impulsaría un proyecto para que la mediación tenga carácter obligatorio. Sin embargo, ayer los bloques del PJ indicaron que no impulsarán por ahora una herramienta legislativa en la materia para no afectar el acuerdo con el FMI, pero sí encararán tratativas con el Banco Nación para que acepte flexibilizar las condiciones de pago a los morosos del agro. Al respecto, los senadores justicialistas citaron para el miércoles a los directivos del Nación para que éstos puedan cumplir con sus compromisos. El texto del decreto fue difundido en la noche del martes, sin firmas, en la Casa de Gobierno, mientras la Jefatura de Gabinete aseguraba que la norma sería firmada en el mismo momento y estaba prevista su publicación en el Boletín Oficial de hoy. Sin embargo, la norma fue firmada ayer por el presidente Eduardo Duhalde, aunque con cambios en los artículos segundo y décimo. La firma del decreto se demoró desde el martes cuando el ministro de Economía, Roberto Lavagna, observó su contenido. En ese lapso el texto fue analizado por el gabinete y anoche finalmente fue rubricado.
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