El prometido decreto de necesidad y urgencia para establecer un sistema de mediación entre acreedores y deudores hipotecarios se enturbió anoche, luego de que surgieran objeciones de parte del ministro Roberto Lavagna, a raíz de una "sugerencia" de los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), según señalaron anoche trascendidos gubernamentales. A última hora de anoche el presidente Eduardo Duhalde continuaba evaluando el proyecto, agregaron las fuentes.
Los intríngulis en torno a la sanción del decreto se producen ya vencido el período de gracia dispuesto en 2002, que permitió postergar durante un año las ejecuciones y en vísperas del viaje del ministro Roberto Lavagna a Washington para mantener reuniones con los auditores del Fondo.
Poco antes emprender el regreso a Buenos Aires, el propio Duhalde había confirmado que el decreto para frenar las ejecuciones de viviendas y de pequeñas y medianas empresas estaba listo para su firma, mientras que sus voceros consignaban que esa rúbrica se iba a concretar en horas de la tarde.
En tanto, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, salía a negar que el decreto pudiera complicar el viaje de Lavagna a Washington. El gobierno se había comprometido con el Fondo a dejar para el caso de las ejecuciones que funcione plenamente la ley de quiebras, que permite al acreedor cobrar el crédito que pesa sobre la propiedad hipotecada.
Atanasof aclaró en tal sentido que "en la carta de intención (firmada con el Fondo) hay un compromiso para enviar al Parlamento una legislación que de alguna manera contemple las dificultades que puedan tener las empresas y las personas físicas frente a una situación de crédito" y planteó que el mecanismo de la mediación "será discutido con el FMI al momento de la primera revisión".
¿Voluntario u obligatorio?
Voces provenientes de distintos sectores se alzaron para plantear que el proceso de mediación sea obligatorio y no voluntario como plantea el proyecto oficial. Atanasof aseguró ayer que el procedimiento será voluntario y gratuito, es decir, que ni los bancos ni los deudores están obligados a aceptarlo.
Sin embargo, el bloque de senadores justicialistas intentará analizar hoy un proyecto alternativo, que establezca un régimen obligatorio y tenga efectos suspensivos sobre los trámites judiciales. En la misma dirección se expresó ayer el defensor del Pueblo Eduardo Mondino.
Mientras tanto, entidades que representan a pequeños empresarios de la industria y el campo también tomaron posiciones. La Asamblea de Pymes (Apyme) sostuvo que la mediación no resolverá las ejecuciones judiciales y reclamó el recálculo de los montos originales de las deudas.
La entidad que preside Francisco Dos Reis pidió la sanción de una ley que prorrogue las ejecuciones por ciento ochenta días y disponga el recálculo del monto original de las deudas.
Por lo pronto, propuso que se convoque a las organizaciones empresarias, de deudores y de usuarios para discutir en común una solución definitiva al problema, lo cual "sólo será posible en un marco de real reactivación de la economía y del mercado interno".
"De nada sirve una postergación de uno o dos meses sino se recompone la capacidad de pago de la población. Prueba de ello es el significativo aumento de la morosidad en el pago de los servicios públicos", remarcó Apyme a través de un comunicado.
Por su parte, Ana Galmarini, de la Asociación Mujeres en Lucha, cuestionó que "la mediación es un trámite procesal que no es una solución de fondo, ya que se deja el arreglo librado a la eventual benevolencia del acreedor, y en realidad es el Estado quien debería hacerse cargo de solucionar esta cuestión".
La dirigente de una de las entidades que combatió con mayor dureza a los remates apuntó que "las ejecuciones no son un tema jurídico, sino económico, y por eso debe resolverlo el Estado". En ese marco, planteó la necesidad de efectuar un recálculo de las deudas y que se refinancie con tasas de interés acordes a la rentabilidad del sector.
Galmarini aseguró que según un informe del Banco Nación, con la pesificación solamente el 15% de los deudores pudieron solucionar el problema del endeudamiento. Enfatizó que "el agro tiene comprometido 2.700 millones de pesos con los bancos y otro tanto de deuda comercial". Además, "siguen comprometidas 12 millones de hectáreas con el Banco Hipotecario", dijo.
La representante del agro ven "con mucha preocupación el arreglo hecho con el FMI, en donde se les otorgan 17 mil millones de dólares a los bancos sobre la base de apretar a los deudores que tienen bienes hipotecados, sean viviendas, campos o herramientas".
La Ciudad
