Casilda. - "Existe el derecho legal de la provincia para perseguir el cobro de la contribución de mejoras de la ruta provincial 17-S y, en ese marco, fueron emitidos los títulos ejecutivos". Así concluye un informe del Servicio de Catastro e Información Territorial (SCIT) santafesino donde explica las razones por las cuales el gobierno demandó judicialmente a un grupo de productores agropecuarios casildenses y de la zona que se niegan a pagar esa obra vial, tal como publicó La Capital el pasado 28 de diciembre.
Los contribuyentes afirman que "no corresponde pagarla porque la construyó la Nación y nunca fue transferida legalmente a la provincia". Además, como la ruta fue ejecutada con fondos del presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), en ese entonces conformado con recursos del impuesto a los combustibles, los chacareros sostienen que ya pagaron lo que correspondía al haber aportado al fisco con la compra de gasoil. "Querer cobrar significa un claro supuesto de doble imposición totalmente ilegítimo", argumentan.
Sin embargo, si bien el SCIT reconoce que la ex ruta 33 bis (actual 17-S) "no figura" en el convenio de transferencias de rutas nacionales a la provincia suscripto en la década del 80 y convalidado por la ley provincial 8.654, aclara que en su artículo sexto se establece que "en los casos que la DNV construya nuevos caminos donde se modifiquen los trazados actuales, estos últimos dejarán de pertenecer a la red nacional y pasan automáticamente a jurisdicción provincial".
Según catastro, el proyecto original preveía la ejecución de una ruta de 84 kilómetros desde la A-012 hasta Los Quirquinchos, pero sólo fue pavimentado un tramo de 24 kilómetros que une Fuentes y Coronel Arnold. El SCIT asegura que la obra fue ejecutada en 1980 y que el 30 de noviembre de 2001 Vialidad Provincial informó que en "la resolución 1471/74 (el camino) ya contenía la denominación de ruta provincia 17-S, por lo que era de jurisdicción santafesina antes de ser pavimentado por la DNV".
"Es ilegítimo"
Si bien el informe al que tuvo acceso La Capital hace hincapié en que la ruta 17-S es provincial y "es legítimo cobrar la contribución de mejoras", tal como establece la ley 2.406, el tema sigue generando controversias. "Rechazamos las demandas porque consideramos que nos quieren cobrar algo que no corresponde", dijo a este diario uno de los productores afectados, Juan Montenovo.
Asimismo, el productor respondió que los argumentos esgrimidos por la provincia "serán analizados por nuestros abogados, pero antes queremos ver toda la documentación, porque con las palabras no alcanza".
"Hace más de cuatro años que venimos insistiendo para el gobierno nos reciba y no lo conseguimos", recordó Montenovo, y disparó: "Cuesta creer que la provincia siga adelante con el cobro de una ruta que no hizo y ni siquiera señalizó y arregló sus puentes".
Pero quienes se niegan a pagar también consideran "ilegítimo que el gobierno santafesino quiere cargarnos el costo de una obra cuando tanto en la ley provincial 8.654 como en el decreto nacional 1.595 se establece taxativamente que las transferencias de rutas son a título gratuito, lo cual no significaron erogación o compensación alguna ni presente ni futura para ninguna de las partes". Ante este argumento, el SCIT afirmó que la ausencia de erogaciones fijada el artículo segundo del convenio de transferencias de rutas nacionales a la provincia "no contempla a posibles contribuyentes sino a las partes que firman el convenio".
La Ciudad
