Presiones para cobrar planes sociales sin trabajar

En Diego de Alvear, sólo 32 de los 126 beneficiarios brindan contraprestaciones. La comuna denunció amenazas

Silvia Carafa / La Capital

Diego de Alvear. - Dos empleadas comunales a cargo del plan para jefes de hogar desocupados denunciaron amenazas luego de habilitar para el cobro sólo a quienes brindaban la contraprestación requerida. Las intimidaciones lograron su cometido y la medida se revirtió: ahora todos cobran, pero de los 126 beneficiarios sólo 32 realizan alguna tarea a cambio. La situación había sido comunicada a la Secretaría de Trabajo, pero la respuesta nunca llegó.
La secretaria de Gobierno de la comuna, Natalia Liguori, confirmó las intimidaciones recibidas por la asistente social Carolina Guerra y la empleada comunal Cecilia Domínguez, a través de una carta anónima. Las amenazas llegaron después de que las coordinadoras del plan en cuestión entregaron certificados para que sólo se les pagara a quienes habían realizado la contraprestación. La medida no fue bien recibida por el resto de los beneficiarios de la ayuda oficial quienes manifestaron su disconformidad frente al banco donde se hace efectivo el subsidio.
Las amenazas lograron revertir la disposición tomada a nivel local. "Ahora volvió la calma y todos cobran aunque en la última semana sólo trabajaron unas 32 personas que obviamente se quejaron porque el resto recibía el pago sin realizar nada a cambio", relató Liguori. El Consejo Consultivo de esta localidad había transmitido esa situación en forma reiterada a la Secretaría de Trabajo, pero las bajas nunca llegaron.
La secretaria de Gobierno explicó que en los once meses que lleva el plan para jefes de hogar desocupados en vigencia, unas 15 personas nunca trabajaron las cuatro horas previstas, mientras que el resto fluctuó en la realización de contraprestaciones. Las actividades incluyen huertas comunitarias y de autoconsumo, limpieza de calles y terrenos, o tareas en algunas de las instituciones locales. "Algunos ni siquiera llevan adelante las huertas en sus propias casas a pesar de que se les provee de semillas", acotó.
Guerra y Domínguez denunciaron las amenazas recibidas, que también alcanzaban a los hijos de esta última. "Las intimidaciones pararon aunque no vienen a trabajar y se presentan a cobrar", comentó la secretaria de Gobierno de la pequeña localidad del extremo sur provincial que tiene unos 2.100 habitantes y que desde diciembre de 2001, preside el radical Natale Liguori en su primera experiencia al frente de una gestión comunal.