El presidente Eduardo Duhalde tiene a la firma el decreto de necesidad y urgencia que fija aumentos del 7,2% para las tarifas de gas y 9% para las de electricidad. Estos ajustes tarifarios no incluyen a los usuarios cuyos consumos sean menores a los 300 kilovatios por bimestre y 500 metros cúbicos de gas por año, aspecto que según cálculos de la Secretaría de Energía beneficia a por lo menos el 40 por ciento de los clientes residenciales.
La decisión gubernamental se maneja pocos días después de haber dictado otro decreto de necesidad y urgencia que restableció al Poder Ejecutivo la facultad de adoptar medidas en materia de tarifas públicas, al menos en forma transitoria. Este decreto ya fue cuestionado ante la Justicia por los ombudsman de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires.
El anuncio del inminente decreto por las tarifas de luz y gas fue realizado ayer por el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, en una conferencia de prensa. En esa oportunidad, también aprovechó para desmentir que la número dos del FMI, Anne Krueger, haya exigido a Duhalde un aumento de 50 por ciento en las tarifas de los servicios públicos, tal como trascendió en algunas versiones periodísticas.
En este orden, Duhalde explicó ayer por una radio capitalina que en su reciente entrevista con Krueger en Davos, y sobre la cuestión de las tarifas públicas, la funcionaria "entendía que había serios riesgos de cortes de servicios".
Duhalde reveló que le explicó a Krueger que "en la Argentina las empresas habían cobrado muy altas tarifas durante dos o tres años, muy superiores a las tarifas del resto del Mercosur".
El presidente dijo a la funcionaria del FMI que el objetivo es que "en Argentina tengamos como techo, pero no para hacerlo en forma inmediata sino a futuro, niveles tarifarios, para el gas y la electricidad, similares a las de Brasil y las de Chile, ya que el Mercosur es el mercado donde competimos".
El nuevo decreto sería firmado hoy o a más tardar mañana, y repetirá los valores tarifarios previstos en un decreto de noviembre último que fue frenado por la Justicia, según detallaron fuentes oficiales.
Atanasof confirmó que el incremento para el caso de las tarifas de gas será de 1,47 peso por mes y para el servicio eléctrico de 2,50 pesos mensuales promedio.
Piden un análisis más profundo
Por su parte, el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Jorge Cermensoni, sostuvo ayer que "hay empresas que no deberían tener aumento sino mas bien una rebaja".
Cermensoni admitió tácitamente que con "algunas" el Estado debería analizar sus pedidos de incrementos tarifarios, ya que "hay empresas de servicio, muy pocas, que han cumplido" con los compromisos asumidos al hacerse cargo de las ex firmas estatales.
En esos casos, el defensor adjunto aceptó que "podrían considerarse cómo van a seguir cumpliendo el servicio, cuáles son sus planes de inversión, qué extensión piden sobre los plazos de concesión".
"Pero hay otras que no deberían tener aumento sino más bien una rebaja. Las que están subvencionadas, por ejemplo. Hay que poner un sistema de premios y castigos que permita poner las cosas en su justo término", señaló.
La Ciudad
