Walter Gasparetti / La Capital
Cañada de Gómez. - Los recursos previstos para la concreción de obras hídricas tendientes a evitar inundaciones en el territorio provincial podrían tener otro destino, debido a que el Poder Ejecutivo Nacional vetó uno de los artículos que establecía una prohibición en la utilización de los fondos para otros fines que no sean los previstos.
La confirmación de la información por parte del diputado nacional Carlos Iparraguirre cayó como un balde agua fría en la comunidad cañadense. Tras el anuncio de funcionarios provinciales existía cierta seguridad de que las obras para el control de las inundaciones iban a comenzar antes de fin de año.
"Interpreto que los fondos no pueden tener otro destino porque el objeto consiste en realizar obras de saneamiento hídrico, pero como en diciembre se utilizaron para otro fin 100 millones de pesos de los fondos viales e hídricos gestionamos que en el presupuesto de este año se incluya una cláusula que establecía la intangibilidad de esos recursos", explicó el diputado nacional, Carlos Iparraguirre.
El legislador informó que esa cláusula "fue vetada por el Poder Ejecutivo", y añadió que junto a otros diputados que representan a la provincia de Santa Fe "elevaron el correspondiente rechazo del veto". La queja también fue planteada a funcionarios nacionales cercanos al presidente Eduardo Duhalde. "Vamos a insistir en que se incluya este artículo", resaltó el representante santafesino en el Congreso de la Nación, tras consignar: "no hay seguridad de que todos los recursos que ingresan a través del impuesto al gas oil se destinen para paliar obras contra inundaciones".
Funcionarios de esta provincia anunciaron a principios de este año que los fondos previstos para Santa Fe ascienden a unos 310 millones de pesos e incluyen trabajos en esta ciudad (15 millones), en la cuenca La Picasa (104 millones) y otros trabajos para realizar la descarga de dicha cuenca hacia el río Paraná (105 millones).
También esta previsto realizar un proyecto en el noroeste santafesino que consiste en varias canalizaciones en los departamentos 9 de Julio y Vera, además de puentes y alcantarillados para solucionar problemas puntuales en Chañar Ladeado, Salto Grande, en la cañada Carrizales y en el arroyo La Candelaria de Casilda.
Las obras se enmarcan en la firma de un convenio que fue suscripto entre los gobiernos nacional y provincial que establece las condiciones que regirá la ejecución de las obras del Plan Federal de Control de Inundaciones.
El ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, intentó manejarse con cautela al ser consultado en ese entonces por La Capital. "Es importante que se haya firmado ese convenio, pero esperamos que se cumpla. Desde la provincia sólo podemos asegurar que cumpliremos con lo que nos toca: liberar las trazas y presentar los proyectos".
Los trabajos previstos en Cañada de Gómez responden a un proyecto consensuado entre el Consejo Federal de Inversiones, las universidades del Litoral (UNL) y de Rosario (UNR), funcionarios locales y vecinos afectados por la trágica inundación del 22 de noviembre de 2000 que cobró tres vidas y cuantiosos daños materiales.
Las tareas corresponden a un estudio de prefactibilidad basado en el trágico hecho de 2000. Los técnicos evaluaron distintas alternativas y finalmente se optó por construir una represa y un nuevo ensanche del arroyo. Los especialistas destacaron en un informe que la idea es "retener el agua lo mas cerca posible de donde cae".
"Debemos colaborar con la movilización del diputado y hacer fuerza desde Cañada de Gómez. Hay que crear el comité de cuenca y tomar esto como un peligro. Nosotros no nos queremos volver a inundar y hay que dar esa pelea para que las obras se ejecuten", opinó el vecino Máximo Pereyra.
Iparraguirre opinó que los diputados de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires "deben unir los esfuerzos para impedir que se utilicen los recursos para otros fines". En ese marco, prometió hacer contactos con entidades intermedias "para sumar voluntades en el Congreso".
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