Un comité de la Academia de Ciencias de Estados Unidos analizará si es conveniente prohibir definitivamente el uso de "cobayos humanos" para evaluar la toxicidad de pesticidas, en vista de un dilema ético que por estos días divide a científicos y empresarios del sector químico.
Desde los años 1996 a 2001, diversas empresas químicas experimentaron con personas para determinar qué dosis mínimas de pesticidas son necesarias para disparar una respuesta metabólica o incluso para provocar enfermedades en seres humanos.
La exposición deliberada a los pesticidas, en voluntarios que han sido convertidos en "conejillos de indias" a cambio de una recompensa económica, se realizó en el curso de experimentos previos al registro y comercialización de nuevos pesticidas en Estados Unidos.
Estas prácticas quedaron en suspenso a finales de 2001 cuando la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) declaró una moratoria alegando consideraciones éticas. Sin embargo, aún no está zanjado el futuro de estas polémicas investigaciones en las que pequeños grupos de voluntarios han llegado a ingerir oralmente pesticidas diluidos.
La causa de esta incertidumbre es que la EPA sólo adoptará una decisión definitiva tras oír las recomendaciones de un panel de expertos, creado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.
Presiones
El grupo de especialistas se pronunciará probablemente a fines de año, pero las presiones de científicos y grupos medioambientales, por un lado, y de la industria química por otro, se dejan ya sentir, propiciando un polémico debate científico, económico y fundamentalmente ético.
Varios científicos solicitaron una condena de estos estudios de toxicidad y pidieron que se aconseje al gobierno norteamericano que no admita más investigaciones con humanos para evaluar la seguridad de la exposición a pesticidas y otros agentes químicos. Por su parte, los portavoces de la industria defendieron la necesidad de estos experimentos con seres humanos y negaron que sean contrarios a la ética.
El detonante de la experimentación de pesticidas en humanos fue la entrada en vigor en 1996 del Acta de Protección de la Calidad de los Alimentos en Estados Unidos. Esa nueva regulación obligaba a reducir los niveles tolerables de estos compuestos químicos en los alimentos a fin de proteger la salud de los niños, un grupo de población especialmente sensible.
En la práctica, la entrada en vigor de esa normativa supuso la obligación de reducir los niveles de esos compuestos en los alimentos. Otra consecuencia de esa regulación fue la obligación para la EPA de revisar alrededor de 9 mil pesticidas que actualmente están en el mercado con el fin de comprobar si cumplen con los nuevos requisitos de seguridad fijados para proteger la salud de los ciudadanos.
Conscientes desde 1996 de los efectos de esa estricta normativa, algunas empresas del sector químico comenzaron a encargar a laboratorios privados la realización de test de toxicidad directamente en personas que voluntariamente prestaban su colaboración, fundamentalmente en el Reino Unido. (Télam-SNI)