Hace tiempo que se nota un claro direccionamiento de la avidez fiscal hacia sectores específicos de la actividad económica, pero en estos últimos tiempos ha quedado confirmado que el sector agropecuario y en particular la producción agrícola, está en la mira hacia adonde apuntan todos los cañones recaudatorios.
Primero fueron las retenciones a las exportaciones, después la inflexible negativa a aplicar algún sistema que permita atenuar los efectos de la inflación sobre el impuesto a las ganancias, luego las modificaciones al régimen de retención del Impuesto al Valor Agregado y, sin desperdiciar un segundo, el Poder Ejecutivo inauguró el año con la reducción de la tasa de este impuesto al 10,5% para los granos no destinados a la siembra como son los cereales y oleaginosos.
En forma permanente y sistemática se ha venido pregonando desde las máximas autoridades que el campo ha ganado lo suficiente como para quedar afuera de un sustancioso aporte a la ayuda social.
Es decir que sería una especie de solidaridad coercitiva. De ahí las retenciones a las exportaciones y la no aplicación de correctivos inflacionarios en las bases de liquidación de impuestos.
Merece un párrafo especial la nueva alícuota del IVA. De esta forma se potencia la pérdida de neutralidad y, por tratarse de un impuesto al consumo por definición, se vuelve altamente regresivo, resultando inadmisible la insistencia de fijar tasas diferenciales bajo el argumento de que será aliviada esa regresividad.
La discusión acerca de posturas tan rígidas está dividida. Algunos alientan la generalización total o la aplicación de una tasa única para facilitar la administración y control y de ese modo garantizar la neutralidad. En cambio, otros consideran que el impuesto posee alternativas capaces de disminuir la regresividad.
Dentro de esta corriente están quienes estimulan tasas diferenciales reducidas para los productos y servicios de primera necesidad, propiciando una menor incidencia sobre el bolsillo del consumidor. Aunque en realidad la reducción de la tasa del IVA al sector agrícola está basado en dos hechos puntuales, ninguno de los cuales pretende morigerar el peso fiscal del público: por un lado, disminuir las obligaciones del Estado en cuanto al reintegro a los exportadores y, por otro, atenuar una supuesta evasión, ya que se parte del principio de que a menor tasa, menores serán las retenciones y por ende quedarán menos ventajas comparativas para intentar evadirlo.
Créditos desproporcionados
Pero el problema de fondo radica en que, en medio de esa desproporción, los productores sufrirán perjuicios económico-financieros derivados de la acumulación de créditos fiscales, porque deberán afrontar sus adquisiciones de insumos a la tasa general del 21%, y recuperar de sus ventas sólo el 10,5%.
Concurrentemente con esta postura, se disparan una serie de medidas tendientes a hacer más rígido el cerco del contralor fiscal. Recientemente se dispuso que a partir del 1º de marzo rija un nuevo sistema de retenciones de Impuesto al Valor Agregado para el sector agrícola, equivalente al 18% al momento de la venta, una devolución del 8% a la cuenta del productor en forma similar al reintegro que se realiza con las compras mediante tarjetas de débito, y la cancelación del saldo del 3% con la venta final del producto.
A raíz de la reducción de la alícuota general al 50% a partir del pasado 10 de enero, la resolución sobre retenciones deberá ser adecuada, aunque en la forma en que se ha venido manejando el área tributaria del gobierno, nada hace pensar que será de un impacto leve. El cerco fiscal podría llegar a transformarse en una fosa.
Y el panorama no se diferencia mucho en relación con lo que sucederá en el terreno del impuesto a las ganancias. Los productores tienen sus vencimientos generales a partir de abril próximo y ese puede llegar a ser el momento de la verdad.
La actual legislación insensible, arcaica e inflexible, puede llegar a producir un alto impacto negativo dado que combina la sumatoria del no al ajuste por inflación con el arsenal de medidas para pagar cada día más.
Quedaron en el tintero la insuficiente propuesta de reducir la tasa del impuesto a las ganancias, la eliminación del ajuste por inflación y los proyectos que de una u otra forma permitieran aplicar tributos con justicia.
Espanto fiscal
Pero abril será decisivo. Los productores agropecuarios deben estar preparados para afrontar el costo de la prepotencia fiscal ya que las liquidaciones del impuesto a las ganancias los dejarán estupefactos.
Simplemente basta con hacer este juego aritmético elemental: la diferencia de valores de las existencias iniciales de granos o de hacienda, es decir el precio que tenían al 1º de enero de 2002, y el que alcanzaron un año después. Esa sola medición da una idea de cuál va a ser el impacto impositivo.
Previendo este escenario y sin caer en el salvaje mundo de la rebelión fiscal, en donde habrá que tener la valentía de enfrentar la injusticia con justicia y ser cuidadosos en no caer en la destrucción de los derechos esenciales de los ciudadanos, se deberán arbitrar los medios para que si bien se cumpla con las obligaciones, se pague sólo lo justo.
El medio legítimo para lograrlo será apoyarse en el arsenal de procedimientos judiciales, que respaldados en liquidaciones adecuadas a la realidad, permitan decirle a los jueces cuál es el verdadero resultado impositivo y cuál es el impuesto que les corresponde.
Dado que el vencimiento de las obligaciones se producirá en medio de la convulsión política propia de los tiempos electorales, el gobierno que asuma el 25 de mayo, puede llegar a encontrarse con un maremágnum de juicios o recursos que lo obligará a replantearse la estrategia fiscal reconociendo que para poner en marcha el país se debe apoyar sin condicionamientos el crecimiento de la producción, pero sin hacerla víctima de castigos tributarios coyunturales.
(*) Contador Público
Asesor tributario de la Bolsa de Comercio de Rosario
La Ciudad
