El Ministerio de Economía comenzará hoy a delinear el borrador del decreto de necesidad y urgencia que autorice a las empresas concesionarias de servicios de electricidad y gas a incrementar sus abonos un nueve y un siete por ciento respectivamente. De ese modo, el gobierno avanzará en la decisión de un reajuste tarifario para el sector tras haber sellado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acelerará sus gestiones ante la Justicia para destrabar las objeciones presentadas contra los incrementos por parte de entidades de consumidores y legisladores, que hasta el momento habían frenado las subas.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, aseguró que el gobierno "trabajará sobre la Justicia" para destrabar en el área de la Cámara de Apelación las prohibiciones que pesan sobre los aumentos . Más allá de esto, las áreas técnicas de Economía "busca nuevas vías legales", tal como mencionó el propio Lavagna, para forzar un reajuste de las tarifas, el cual posteriormente por medio de un decreto sería ratificado por el presidente Eduardo Duhalde.
El titular de la cartera económica afirmó que más allá de la decisión ya adoptada por el gobierno en materia de las tarifas de gas y luz, en el caso de los teléfonos los estudios técnicos "están terminados" y en el agua la discusión con la empresa "está en curso".
Desde el área económica, se minimizó el efecto inflacionario que podría traer una medida de este tipo. "Si se hubieran puesto en vigor los incrementos, la tasa hubiese dado un índice del 0,3% y no 0,2% como dio oportunamente", dijo Lavagna.
El mecanismo que se utilizaría será un cambio en la letra chica de la ley de emergencia económica que impide conceder aumentos en las tarifas fuera de la negociación global que se impone sobre los contratos de las privatizadas. Esta es la mayor traba impuesta por la Justicia a la decisión ya tomada por Economía.
La pretensión del Palacio de Hacienda es que la norma que autoriza el incremento permita realizar el ajuste desde febrero. Este elemento también sería empleado para poner en marcha sendos ajustes en otras área tales como teléfonos y servicios de agua potable.
Actualmente, los reajustes tarifarios se encuentran paralizados por la Justicia que hizo lugar a reclamo de un conjunto de consumidores y de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires para que no se lleven a cabo las audiencias públicas en las que debía debatirse el tema.
Si bien, el aumento iba a afectar el bolsillo de la gran mayoría de los usuarios, el proyecto original de Economía plantea que queden afuera del incremento los consumos residenciales de menos de 300 kilovatios hora por bimestre y los de menos 500 metros cúbicos anuales de gas. Desde las entidades de consumidores, se advierte que en el caso de que el gobierno vuelva a imponer un nuevo decreto, se volvería a tomar acciones para bloquear la medida.
Por su parte, Lavagna aclaró que "el gobierno va a insistir en su política", en materia de tarifas públicas, debido a que se hicieron "tres intentos" por autorizar incrementos que "están frenados" judicialmente. "La Justicia ni siquiera puede decir que no se sabe de cuánto es el ajuste: un peso y pico en el caso de gas y no llega a los tres pesos en el caso de la energía. Además, entre el 35 y 45% de los usuarios no es alcanzado por el aumento", aseveró.
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La Ciudad
