Los efectos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se harán sentir rápidamente. Como parte de los compromisos asumidos y en un gesto de agradecimiento hacia los países que presionaron para cerrar las negociaciones, el gobierno insistirá con aumentar las tarifas de luz y gas, primera parte del plan para subir los precios de los servicios públicos privatizados.
Para ello, el gobierno sacará un nuevo decreto que neutralizará el artículo número nueve de la ley de emergencia pública, que impide negociar tarifas por fuera de la negociación integral de los contratos. La vigencia de esa norma fue la causa por la que la Justicia trabó la suba del 9% de la electricidad y del 7,2% para el gas, a instancias de las presentaciones realizadas por entidades de consumidores y los defensores del Pueblo de la Nación y la ciudad de Buenos Aires.
Alertas por el inicio de una nueva ofensiva del gobierno, el arco social y político opositor al aumento de tarifas ya comenzó a moverse. El diputado nacional por el socialismo, Héctor Polino, advirtió que habilitar un aumento de tarifas de servicios públicos por medio de un decreto de necesidad y urgencia "es inconstitucional".
El legislador salió así al cruce del ministro de Producción, Aníbal Fernández, el primer funcionario del gobierno nacional en pronunciarse públicamente a favor de un nuevo decretazo.
Fernández dijo ayer desconocer una iniciativa del Ministerio de Economía para aplicar incrementos de tarifas de servicios públicos por decreto, aunque respaldó la idea de imponerla por esa vía.
"Si hay algún instrumento legal que se pueda aplicar debe ser aplicado para llevar a cabo la suba", afirmó.
Actualmente, los reajustes tarifarios se encuentran paralizados por la Justicia que hizo lugar a reclamo de consumidores para que no se lleven a cabo las audiencias en las que debía debatirse el tema.
"La Justicia ha tomado actitudes impensadas atribuyéndose el poder de gobernar", afirmó Fernández, quien dijo que "quienes creen que de esa manera se frena el aumento lo que van a hacer es terminar perjudicando el servicio".
Además, consideró que "aquellos magistrados que metieron la mano donde no tuvieron que hacerlo no van a estar para darle solución a la gente cuando baje la calidad de los servicios públicos".
De acuerdo con versiones surgidas desde el Palacio de Hacienda, el Ministerio de Economía ya tiene elaborado un proyecto de decreto de necesidad y urgencia para intentar llevar a cabo un incremento tarifario en la electricidad y el gas.
Tal cual el proyecto original elaborado por el Palacio de Hacienda, quedarán afuera del incremento los consumos residenciales de menos de 300 kw/hora por bimestre y los de menos 500 metros cúbicos anuales de gas.
De acuerdo con las versiones, la idea del Palacio de Hacienda es que en los próximos días el presidente Eduardo Duhalde y el resto del gabinete firmen la normativa para que las subas comiencen a regir desde febrero.
De hecho el gobierno ya ha ido concediendo en el transcurso de 2002 aumentos a distintas concesionarias de obras y servicios públicos. Un caso es el del peaje en la hidrovía del río Paraná, desde Santa Fe al Océano, que primero se redolarizó para el caso del transporte internacional y luego se aumentó la tarifa en un 45%.
Aunque el gobierno no dio a conocer oficialmente aún el contenido de la carta de intención que firmó con el Fondo Monetario Internacional, algunos de sus puntos habían trascendido cuando las negociaciones estaban en curso.
Los compromisos asumidos por el Ministerio de Economía no serán, en ese sentido, indoloros.
La meta de alcanzar un superávit fiscal primario (libre de intereses) del 2,5% del PBI en 2003, obligará al gobierno a incrementar impuestos. Esto comenzó a darse con el paquete impositivo aprobado en diciembre por el Congreso, con la negativa a ajustar por inflación el pago de ganancias y, más recientemente, la decisión de no prorrogar la rebaja de dos puntos del IVA. El objetivo es que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) recaude a un nivel de 6 mil millones de pesos mensuales.
El gobierno tendrá mayores ataduras, además, para usar al Banco Central como fuente de financiamiento. Este año sólo podrá recibir 3 mil millones de pesos de asistencia. Además, deberá esterilizar parte del dinero emitido para comprar dólares durante la última parte del año pasado, lo que podría implicar un aumento de la tasa de interés.
Respecto de las provincias, el gobierno no logró que el Fondo accediera a devolver los casi 4 mil millones de dólares pagados en 2002, de forma tal de aplicarlos al rescate de cuasimonedas. Según se acordó el viernes en una reunión entre los funcionarios del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior, será el Tesoro Nacional el encargado de ir reemplazando esos bonos por circulantes. Pero en ese encuentro también se acordó avanzar en una revisión del último pacto fiscal, lo que podría implicar nuevos ajustes en los Estados del interior.
Otro de los aspectos conflictivos de la carta de intención es la obligación de avanzar en un programa para reestructurar la banca pública. El ministro Lavagna se pronunció varias veces a favor de abrir el capital del Banco Nación al sector privado, medida que sugirió también para el Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro). La iniciativa recogió la oposición del entonces presidente del Banco Central Alfo Pignanelli y del propio titular del Banco Nación, Horacio Pericoli. Además, la política privatista sobre las entidades financieras oficiales provocan temor entre industriales, empresarios agropecuarios y comerciantes.
Pero uno de los frentes que deberá seguir de cerca el gobierno es el de los precios, ya que la pauta comprometida en el presupuesto, y en el acuerdo con el Fondo, es del 22% anual.
Se descuenta que en enero la inflación repuntará por efecto de la suba en alimentos, combustibles y las subas de precios impulsadas por el turismo. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, apuesta a controlar esa variable a través de acuerdos con las cadenas productoras sensibles. Para esta semana se esperaba anunciar un convenio con las cámaras que agrupan a los supermercados.
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La Ciudad
