Santiago. - La Corte Suprema de Chile confirmó los desafueros dictados en primera instancia contra cinco diputados de la alianza de gobierno, Concertación por la Democracia, sobre quienes pesan cargos de sobornos y cohecho, lo que deja en virtual empate al gobierno y la oposición en la Cámara Baja. La sentencia es un duro golpe para el gobierno del presidente Ricardo Lagos, quien reaccionó afirmando que Chile es un país donde se combate la corrupción y "si hay delitos se castigan".
El pasado 26 de noviembre, la Corte de Apelaciones de Rancagua (donde está radicada la causa) quitó los fueros a Víctor Manuel Rebolledo (Partido Por la Democracia, PPD), al emblemático diputado Juan Pablo Letelier (Partido Socialista, PS), a Eduardo Lagos (Partido Radical Social Demócrata, PRSD), y a Jaime Jiménez y Cristián Pareto (ambos expulsados de la Democracia Cristiana, DC). Estos partidos conforman la Concertación, la coalición que gobierna Chile desde 1990, cuando terminó la larga dictadura pinochetista.
El pedido de desafuero fue formulado por el juez Carlos Aranguiz, designado para investigar la adjudicación de plantas de revisión técnica de vehículos en la ciudad de Rancagua (a 86 kilómetros al sur de Santiago). El escándalo empezó a mediados de octubre pasado, cuando el empresario Carlos Filippi aseguró que a inicios de 2002 entregó poco más de 20.000 dólares al entonces viceministro de Transportes, Patricio Tombolini, para ser favorecido con la adjudicación de una planta de revisión obligatoria de vehículos.
Aránguiz ordenó la detención de varias personas, entre ellas Tombolini, quien continúa bajo arresto. Al momento de ser involucrado en el proceso, Tombolini acababa de asumir la presidencia del cogobernante PRSD. Según la investigación de Aránguiz, los parlamentarios tendrían diferentes grados de participación en los hechos. Letelier es el caso más lacerante para el gobierno (ver recuadro).
Altos funcionarios del gobierno han admitido que el escándalo por el denominado "Caso coimas" constituye el momento más difícil de la Concertación por la Democracia, la alianza de partidos que gobierna a Chile desde 1990, tras el alejamiento del poder de Augusto Pinochet.
La decisión de la Corte Suprema, que se adoptó con algunas diferencias en la votación sobre los imputados, ratifica que hay suficientes antecedentes para acreditar que los diputados cometieron tráfico de influencias para beneficiarse ellos o a terceras personas (o instituciones), como sostiene el juez Aránguiz.
Con quórum mínimo en Diputados
La medida judicial -que es inapelable- da paso a la formación de una causa en contra de los políticos oficialistas, por lo que podrán ser interrogados, careados e incluso sometidos a proceso por recibir pagos impropios.
Pero además lo ocurrido tiene obvias repercusiones en el ámbito político y legislativo, ya que la alianza oficialista reducirá de 63 a 58 sus escaños, frente a 57 de la oposición derechista. Los acusados ya no podrán involucrarse con el trabajo legislativo, votar leyes y menos seguir con tareas fiscalizadoras.
El gobierno se mantendrá sólo con un voto más que la derecha, 58 a 57, justo el límite para aprobar leyes que requieren de quórum simple y para imponer procedimientos en la Sala de Sesiones.
Para proyectos de quórum calificado requerirá del respaldo de la oposición, lo que podría dificultar los planes del Ejecutivo en materias de salud o crecimiento, y deberá acrecentar los acuerdos con la oposición.
Una de las medidas que se ha evaluado para subsanar esta situación es que 10 parlamentarios soliciten la inhabilidad de los cinco diputados desaforados ante el Tribunal Constitucional, y así permitir reemplazarlos por sus compañeros de lista. Esta alternativa -desde un principio rechazada por el PS- permitiría que la Democracia Cristiana aumentara en tres el número de sus diputados en desmedro de sus aliados.
La situación se une al procesamiento y arresto dictados la semana pasada por Justicia en contra de Carlos Cruz, ex vice ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, además de amigo y cercano colaborador del presidente Lagos. La resolución también fue dictada por el juez Aránguiz, quien investiga presuntos pagos irregulares entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa Gestión Ambiental Territorial (Gate), durante la gestión de Cruz.
Tanto en este caso, como ayer, el presidente Lagos afirmó que las investigaciones judiciales deben hacerse sin frenos y que los culpables deben pagar. El arresto de Cruz y los desafueros contra parlamentarios de gobierno han provocado un fuerte impacto en el palacio de La Moneda, especialmente porque el "caso Gate" recién está empezando y podría originar nuevos procesamientos judiciales por desvío de fondos a campañas.
El gobierno hizo hincapié en que el dictamen judicial no es una condena de los parlamentarios, sino sólo un antejuicio. La Moneda reafirmó su posición de acatamiento de los fallos judiciales. El presidente Lagos consideró que "en un Estado que funciona bien, si hay hechos delictivos, se castigan". (DPA)
La Ciudad
