Corralón: la Corte negó un planteo para levantar la feria

Rechazó un pedido de San Luis para que trate la causa por fondos acorralados de esa provincia

La Corte Suprema de Justicia se negó a analizar, durante el receso de enero, la demanda promovida por el Estado de San Luis para recuperar casi 250 millones de dólares inmovilizados por el corralón, y a expedirse sobre la recusación presentada por ahorristas contra el nuevo ministro del cuerpo, el peronista Juan Carlos Maqueda. La decisión fue adoptada por los jueces Augusto Belluscio y Antonio Boggiano, quienes ejercen como ministros de feria hasta el 31 de enero.
Según las fuentes, los jueces consideraron que no existen razones de urgencia que justifiquen la habilitación de la feria para resolver el reclamo de San Luis ni el pedido de la asociación de ahorristas que lidera el actor Nito Artaza para que Maqueda se abstenga de intervenir en las causas contra el corralón y la pesificación.
Maqueda fue recusado el miércoles porque, desde la banca que ocupó en el Senado antes de ser nombrado juez, votó la ley de emergencia económica, que otorgó atribuciones al presidente Eduardo Duhalde para dictar los decretos mediante los que el gobierno reprogramó y pesificó los depósitos en moneda extranjera.
Los ahorristas, además, cuestionaron a Maqueda porque se incorporó a la Corte a instancias del propio Duhalde y alcanzó el máximo cargo en la Justicia proveniente del Senado y no de alguna función en el Poder Judicial.
Los juicios entablados por depositantes que pretenden recuperar sus colocaciones en dólares fueron dirigidos contra el Estado nacional, por lo que los ahorristas consideran que Maqueda no debe votar en las sentencias en las que la Corte fallará. Empero, la Corte rehusó ayer analizar la situación de Maqueda y postergó el asunto hasta que se reanude la actividad judicial, el 3 de febrero próximo.
Idéntico criterio siguió el máximo tribunal al rechazar los reclamos de la gobernadora de San Luis, Alicia Lemme, para que la Corte dicte una resolución en el marco del juicio que el Estado puntano inició contra la Nación para recuperar casi 250 millones de dólares retenidos por el corralón y pesificados a una paridad de 1,40 peso por billete verde.
La mandataria, que ya presentó su caso y denunció al Estado nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deberá aguardar también hasta febrero para obtener una respuesta que reclama a la Corte desde hace casi un año.