El gobierno amplió ayer el levantamiento "de la obligación de guardar secreto" a los directores y jefes de operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) que estuvieron vinculados con la investigación por el atentado contra la Amia, para que comparezcan como testigos en el juicio oral por la voladura de la mutual judía.
Mediante el decreto 41/2003, publicado ayer en el Boletín Oficial, el gobierno restringió los límites de la "obligación de guardar secreto" a los funcionarios de la inteligencia vernácula para que testimonien ante el Tribunal Oral Federal Nº3, que lleva adelante el juicio oral por la "conexión local" del atentado.
Los directores y jefes de operaciones de la Side deberán explicar ante la Justicia "las actividades desarrolladas en la pesquisa", que realizaron cumpliendo "órdenes judiciales impartidas en la investigación", sostiene el decreto.
La decisión del gobierno conocida ayer es una extensión que modifica otro decreto, el 490 del año pasado.
Por aquella norma legal, el gobierno relevó al ex jefe de la Side durante el gobierno de Carlos Menem, Hugo Anzorreguy, del secreto "respecto de las actividades desarrolladas" por el servicio de inteligencia en la causa Amia.
Aquella norma autorizaba al actual titular de la Side, Miguel Angel Toma, a relevar del secreto "a funcionarios y ex funcionarios" para que comparecieran a declarar como testigos, pero no podían revelar secretos sobre "actos o hechos que involucren a ciudadanos de terceros Estados".
Los camaristas que llevan el juicio por la Amia desde septiembre de 2000 se quejaron por esa limitación, que -consideraron- "obstruye de manera evidente el accionar de la Justicia" al acotar "la posibilidad de que el tribunal y las partes puedan conocer e interrogar acerca de circunstancias relevantes" para la causa, en especial en lo referido a ciudadanos extranjeros.
El nuevo decreto limita las restricciones a "ciudadanos de terceros Estados relacionados con servicios de inteligencia extranjeros que hubieren cooperado en la investigación judicial" por la Amia.
"La modificación resultará en la práctica una ampliación del campo respecto del cual ofrecerán testimonio" los convocados por el tribunal, lo que "posibilitará un avance cualitativo en la materia", sostiene el decreto 41 en sus considerandos.
El decreto 41/03 establece textualmente que el relevo de guardar secreto "no alcanza a los actos o hechos que involucren a ciudadanos de terceros Estados relacionados con servicios de inteligencia extranjeros que hubieren cooperado con la investigación".
"Tampoco comprenden la divulgación de secretos que puedan comprometer la seguridad del Estado ni de datos que pongan en peligro las líneas investigativas actualmente en trámite", agrega el artículo segundo del decreto, firmado por el presidente Eduardo Duhalde y el ministro de Justicia, Juan José Alvarez.
La medida se enmarca, según los considerandos de la nueva norma legal, en que la "inteligencia internacional se encuentra en estos momentos obligada a brindar una respuesta global a la amenaza del terrorismo".
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La Ciudad
