El justicialismo atravesó el dramático lapso histórico que va desde el final de 2001 al comienzo de 2002 con un mérito que nadie le puede negar: fue el único partido político que quedó en pie después del caos. Aun con las motivaciones que se quiera atribuirle (las mejores y las peores), el PJ se hizo cargo del gobierno de un país en llamas. Un año después, sus máximos dirigentes inician el 2003, al parecer, dispuestos a arrojar por la borda aquel único y solitario acierto.
Es curioso incluso como algunos, desde los medios, buscan convencer a las audiencias que la sanción de una ley de lemas por el Congreso no sólo resolverá la interna peronista sino también llevará soluciones a las del radicalismo, el ARI o el socialismo.
Parecen ignorar que hasta en los centros urbanos hiperinformados, como la Capital Federal, ciudadanos comunes abrumados por el derrumbe de su calidad de vida todavía no terminan de absorber el sistema de ballottage impuesto por la reforma constitucional de 1994.
Para el sentido común, la democracia será siempre un juego de mayorías y minorías, siempre circunstanciales, nunca definitivas. Este último elemento es el que la conducción del PJ parece rechazar: el presidente Eduardo Duhalde y la mayoría de los dirigentes actúan como si hace un año aquel mérito innegable les hubiera conferido el poder para siempre.
Tradicionalmente, el pensamiento gorila de izquierda y de derecha atacó al peronismo histórico con todo tipo de argumentos, entre ellos, que dirimía brutalmente sus internas desde el gobierno, haciendo crujir la institucionalidad toda. Gorila o no, aquella crítica le cabe hoy al PJ como anillo al dedo.
Desde el inicio del 98 hasta el final de su mandato, el ex presidente Carlos Menem sometió al cuerpo institucional a una tensión insoportable yendo tras su sueño de ser re-reelecto. Su máximo opositor fue el entonces gobernador Duhalde, quien le bajó ese megaemprendimiento amenazándolo con un plebiscito bonaerense antirre-re.
Menem debió resignarse, pero no sin antes hostigar a tiempo completo las chances de Duhalde como candidato presidencial del PJ. Como resultado de la lucha entre ambos, un año después, le obsequió en bandeja el gobierno a la Alianza UCR-Frepaso.
Hoy, con Duhalde en la Presidencia, la orquesta toca la misma canción, sólo que con los intérpretes cambiados. El bonaerense dice a medios de prensa del exterior que un triunfo de Menem quebrantaría a la sociedad, pero no parece hacer el mismo balance sobre las consecuencias negativas que pueden tener el cúmulo de iniciativas que viene tomando para impedir el regreso de su adversario, como leyes sancionadas trabajosamente que luego se anulan, o poner fecha a la interna y luego suspenderla en un congreso partidario no menos fatigosamente reunido. Ahora el expediente de la ley de lemas abre todo un capítulo para la discusión in aeternum, primero en el Parlamento y lo más probable es que luego continúe en los estrados judiciales.
La gran sospecha
Lo que no podrá disipar es la sospecha de que se trata de un modo de judicializar aún más la interna, llevar todo el proceso más allá de abril y, directamente, ir a comicios en octubre, como lo indica la Constitución. Si es así, constituye un engaño inadmisible; si no lo es, aun es un manoseo institucional inaceptable, incluso en la Argentina.
Si la ley logra sanción parlamentaria y bajo su imperio se votan las candidaturas presidenciales, sería bueno preguntarle a un votante de Menem qué siente si, como resultado del cumplimiento de su deber cívico, termina favoreciendo a Néstor Kirchner, ubicado en las antípodas de su pensamiento.
O a un adherente franco de Adolfo Rodríguez Saá, si en las volteretas de la ley de lemas su sufragio termina sumándole a José Manuel de la Sota, detestado por el líder puntano. O si un cruzado de Leopoldo Moreau obsequia, obviamente en contra de su voluntad, un voto a Rodolfo Terragno.
El apoyo de los dirigentes peronistas a la ley de lemas genera un ruido innecesario en el proceso de normalización institucional posterior a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. La rápida salida del poder de Rodríguez Saá evitó que ese sistema se filtrara en las elecciones que debía convocar en 60 días.
La insistencia del Partido Justicialista en apelar a ese instrumento parece un manifiesto de que el poder alcanzado es para siempre. La historia universal de la política tiene varias bibliotecas de Alejandría llenas de textos que dicen todo lo contrario.
La Ciudad
