La pulseada por las tarifas

El ajuste de tarifas ha sido uno de los temas más debatidos de la economía argentina de 2002. Dividió aguas en la sociedad, e incluso se transformó en una de las principales trabas para el acuerdo que el gobierno negocia con el FMI. Declaraciones de los funcionarios, vaticinios catastróficos de los empresarios que piden aumentos de entre 30 y 170 por ciento bajo amenaza de cortes del servicio, y acusaciones de "aumentos ilegales y abusivos" de las entidades de usuarios, llenaron las páginas de los diarios a lo largo del año, pero la solución no llegó.
La discusión se había instalado en enero, a partir de la promulgación de la emergencia económica cuyo artículo 8 impide cualquier ajuste automático de tarifas de servicios públicos, sin la previa renegociación de los contratos con las empresas prestatarias. La norma también suprimió la cláusula que ataba los valores al dólar como establecía la mayoría de los contratos.
La ley y un decreto posterior, 293/02, crearon una comisión para renegociar los contratos de 59 empresas, que operan en diversos servicios. La comisión tuvo un plazo de 120 días para revisarlos y acordar con las empresas los ajustes que correspondiesen, pero ese período se prorrogó en dos oportunidades y sigue abierto sin haber resuelto ningún contrato.
Ante la imposibilidad de avanzar en la solución del conflicto, Duhalde firmó a fin de noviembre un decreto de necesidad y urgencia que otorgó aumentos para clientes residenciales del orden del 7% para el gas y del 11% para la electricidad. Este decreto también tropezó con la Justicia que atendió las impugnaciones de los ombudsman de la ciudad de Buenos Aires y la Nación.
Los empresarios descargaron toda su artillería, advirtiendo sobre un posible deterioro de la calidad de los servicios, y subieron la apuesta al advertir sobre un eventual "colapso" del sector.
Ahora, el gobierno busca una salida a través del Congreso, con una propuesta de modificación de la ley de emergencia que "repondría" en vigencia las leyes que regulan la actividad eléctrica y la del gas, que no están derogadas.