Casilda. - La provincia pretende cobrar a través de la ley 2.406 por una obra vial que fue construida por la Nación en la década del 70 y amenaza con ejecutar bienes de los contribuyentes que se resistan a pagar. El Servicio de Catastro e Información Territorial santafesino ya promovió demandas judiciales contra productores agropecuarios casildenses y de la zona, reclamando el pago de contribución de mejoras de la actual ruta 17-S, cuyo tramo de 23 kilómetros une a las localidades de Fuentes y Coronel Arnold con la ruta A-012.
Los casi 200 apremios fiscales impulsados por el organismo catastral recayeron en juzgados casildenses y comprenden reclamos por deudas que oscilan entre 900 y 40 mil pesos.
El tema resulta por lo menos polémico. Es que la provincia quiere cobrar una ruta que no hizo y que ni siquiera refaccionó, a pesar de estar ubicada en jurisdicción santafesina.
La obra fue ejecutada por el gobierno nacional en 1974 a través del presupuesto de Vialidad que, por ese entonces, estaba constituido con recursos del impuesto a los combustibles, razón por la cual los productores consideran que ya pagaron lo que correspondía al haber aportado al fisco con la compra de gas-oil.
"Querer cobrar significaría un claro supuesto de doble imposición totalmente ilegítimo", argumentan los demandados además de denunciar que la ex ruta 33 bis (así se llamó cuando fue construida por la Nación) "nunca fue transferida legalmente a la provincia a pesar de que ahora tenga otro nombre", precisaron.
La provincia emitió en 1987 la primera tanda de liquidación por contribución de mejoras, invocando la transferencia de la ruta 33 bis al Estado santafesino, aunque, según los productores agropecuarios, no existe ninguna constancia legal. "La escritura de transferencia de la ruta no está en la escribanía de Vialidad Nacional ni en la de la provincia", aseguraron.
La mayoría pagó
Muchos productores cancelaron la deuda en 1989 a valores históricos y con un 20 % de descuento, lo cual significó un bajo monto. Por ejemplo un colono pagó de contribución por un campo de 12 hectáreas, ubicado a 12 kilómetros de la ruta, el valor equivalente a lo que costaba un kilogramo de soja en esa época inflacionaria.
Quienes dejaron pasar esa oportunidad o directamente no pagaron por disconformidad fueron intimados más tarde por Catastro a través de ejecutores fiscales. Algunos productores recurrieron a "arreglos de dudosa validez" para cancelar sus deudas a menor costo y por temor a perder su inmueble.
Aunque resulte sorprendente, uno de los ejecutores fiscales era el por entonces director legal y técnico de Catastro, Eduardo Mascheroni Torrilla, a quien se le revocó el poder y fue separado posteriormente de su cargo.
Algunos productores que se niegan pagarle a la provincia aseguran tener pruebas de que el ex funcionario nunca rindió cuenta de lo recaudado a las arcas del Estado y que muchos contribuyentes depositaron el pago en una cuenta bancaria habilitada a su nombre.
A pesar de las anomalías denunciadas, sólo restan pagar unos 500 agricultores de los 2.500 afectados dentro del radio fijado para la contribución de mejoras de la ruta 17-S, que abarca unas 165 mil hectáreas.
Después de un tiempo sin formular reclamos, ahora Catastro vuelve a la carga contra los productores rurales que se resisten a pagar las mejoras de la ruta 17-S. En Casilda cerca de 200 colonos recibieron apremios fiscales donde se amenaza con remates de bienes si no cumplen con el pago de las cuotas reclamadas.
"Hace tres años le pedimos infructuosamente al gobernador que nos reciba para que nos explique lo que nosotros consideramos inexplicable, tal vez fruto de un error de interpretación de algunos funcionarios ávidos de recaudar por cualquier medio y a cualquier precio", recordó el profesor de la Facultad de Ingeniería de Rosario y familiar de un damnificado, Jorge Tosticarelli.
"Ahora -añadió Tosticarelli- parece que algún funcionario se hace el pícaro y quiere intentar nuevamente cobrar un deuda ilegítima aprovechando la presión que significa una amenaza de remate y a sabiendas de la buena situación del campo".
En una nota que los productores enviaron a Reutemann hace tres años también se hace una breve reseña sobre el origen de la hoy ruta 17-S y sobre algunas cuestiones de política vial en la Argentina.
Entre otros puntos se destaca que hacia fines de 1970 la Nación y las provincias reformularon la planificación de sus redes viales por una cuestión de funcionalidad, lo cual significó en la práctica la transferencia de jurisdicción de algunos corredores. Por ese motivo y a instancias del decreto provincial 1.595 del 5 de julio de 1979, Vialidad Nacional y el gobierno santafesino suscriben un convenio de transferencias de rutas, donde, sin embargo, no figura que la 33 bis, actual 17-S, haya sido traspasada a la provincia.
Diferencia de criterio
En ese decreto sí consta la transferencia a la provincia la ex ruta nacional Nº 9 entre Villa Constitución y Rosario (hoy ruta provincial Nº 21) y la nacional Nº 178 entre Rosario y el límite con la provincia de Buenos Aires. Sin embargo y a diferencia del criterio que adoptó con la 17-S, la provincia nunca pretendió cobrar contribución de mejoras por esos dos corredores.
Por otra parte se hace hincapié que tanto en el artículo segundo de la ley provincial Nº 8.654 como el decreto nacional Nº 1.595, se fija que las transferencias de ruta son a título gratuito. "Eso demuestra nuevamente la ilegitimidad que significa querer cargarle a los productores el costo de la obra", dijo Tosticarelli.
La Ciudad
