Río de Janeiro. - El presidente electo de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, abrió su primer frente de roces con el gobierno actual al afirmar que la situación del país es "peor" de lo que afirma el mandatario saliente, Fernando Henrique Cardoso, informó ayer la prensa local. "Estamos mirando a un gobierno en fin de mandato intentando vender la imagen de un Brasil que el pueblo no identificó en el proceso electoral. Los números de la transición no son satisfactorios, particularmente en lo que se refiere a la situación de la economía", afirmó Lula, quien tomará posesión el 1º de enero.
El futuro gobernante dijo que su equipo identificó, en los datos sobre la economía recibidos de los asesores de Cardoso, una serie de posibles "bombas de efecto retardado" que podrán estallar en las manos de la próxima administración. Asesores de Lula aclararon que existe riesgo de escasez de alimentos básicos como arroz y maíz, y que también se han identificado problemas en la red hospitalaria pública.
El coordinador del equipo de transición del gobierno Lula y futuro ministro de Hacienda, Antonio Palocci, hará un amplio análisis crítico de la situación del país el viernes próximo, durante la primera reunión de gabinete del futuro presidente. Según sus asesores, el análisis de Palocci representará un choque de realidad para los que esperan cambios drásticos desde el inicio de la próxima administración: el futuro ministro de Hacienda dejará en claro que las duras restricciones presupuestarias obligarán a postergar la puesta en marcha de los proyectos más ambiciosos.
No todo es roce
Sin embargo no todo es enfrentamiento entre Lula y Cardoso, ya que gracias a un acuerdo entre ambos el mandatario saliente promulgará en los últimos días de su mandato una ley que impide que políticos que hayan ejercido cargos ejecutivos sean juzgados por cortes inferiores de Justicia. Por esa disposición, aprobada la semana pasada por el Congreso, ex presidentes, ex gobernadores y ex ministros sólo podrán responder a procesos ante la más alta corte del país, el Supremo Tribunal Federal (STF).
La aprobación de la medida fue negociada por el saliente mandatario brasileño con Lula, en medio de críticas de algunos analistas que consideran la ley como la concesión de un "foro privilegiado" que viola los principios de igualdad de los ciudadanos ante la Justicia. Cardoso, sin embargo, rechaza esas críticas y sostiene que el STF es "el foro adecuado" para juzgar eventuales delitos practicados por ex gobernantes brasileños que, por su condición, serían más vulnerables a denuncias por parte de personas o sectores que se hayan sentido perjudicados por sus actos. (Télam)
La Ciudad
