Piden la detención de militares y policías en causa por desaparecidos

Unos 65 militares y policías que prestaron servicio en la comisaría quinta de La Plata durante la última dictadura militar podrían ser detenidos si la Cámara Federal de esa ciudad hace lugar a un pedido del fiscal Félix Crous, quien interviene en el llamado Juicio por la Verdad que busca conocer el destino de miles de desaparecidos.
Además, el fiscal Crous volvió a reclamar la declaración de nulidad en la Justicia platense de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en un dictamen de 220 páginas que fue presentado el martes el juez federal Arnaldo Corazza.
El reclamo de Crous, delegado por la Procuración bonaerense para investigar el Juicio a la Verdad que se sigue en La Plata, es consecuencia directa de ese proceso, donde se escucharon los testimonios de cientos de sobrevivientes, familiares de desaparecidos y ex policías que denunciaron lo que ocurría en la comisaría quinta de La Plata.
Así, el fiscal pidió la detención e indagatorias de 9 militares, encabezados por el titular del Cuerpo I de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason, y de 54 policías que prestaron servicio en todas las áreas de esa seccional durante la última dictadura.
"Cada uno de los imputados deberá responder en calidad de autores, coautores o partícipes necesarios, según la jerarquía que hayan ostentado en el aparato organizado de poder, por el delito de tormentos reiterados impuestos masivamente a la totalidad de los secuestrados alojados en el centro clandestino de detención comisaría quinta de La Plata, puesto que no otra cosa implicó la detención en las condiciones inhumanas que se describen, de cada uno de los detenidos ilegales", dijo Crous.
Y remarcó que los sospechosos "deberán responder también, en las calidades antes aludidas, según corresponda, por los homicidios de aquellos damnificados que no hayan sido liberados".
Tras enumerar detalles de los testimonios que se escucharon en el Juicio por la Verdad, la Fiscalía subrayó que "las infrahumanas condiciones de detención de los secuestrados, la amenaza cierta del sufrimiento de agresiones en forma de tormentos directos por parte de los verdugos", "la presencia de niños secuestrados o el alumbramiento por parte de madres cautivas" bajo el "terror estatal".
Precisamente, el dictamen da cuenta, por ejemplo, del testimonio del ex policía Raúl Omar Piacentini, quien reconoció que en la comisaría quinta hubo "nacimientos y muertes", y señaló que esos decesos se habrían producido porque las víctimas "se quedaron en la máquina (la picana)".