Editorial

Capacitación policial, una necesidad

Quienes se iban enterando de la noticia no podían evitar pasar de una expresión inicial de sorpresa a otra de desagrado. De esa silenciosa manera calificaban sin quererlo la decisión del gobierno santafesino de vetar totalmente la ley 12.101, sancionada por las Cámaras el pasado 28 de noviembre, por cuyo intermedio se aprobaba un convenio de financiamiento suscripto entre la provincia y la Unión Europea (UE) con el objetivo de capacitar a la policía.
El proyecto estaba incluido en el Programa de Apoyo a la Reforma del Estado Provincial en la Argentina y demandaba un desembolso de tres millones cien mil euros. Las razones del brusco cambio de posición del gobierno, que a todas luces resultó inesperado, quedan reflejadas en la magnitud de la erogación antedicha. Conviene recordar que cuando se iniciaron las tratativas, en 1998, un peso y un dólar eran, todavía, una sola y misma cosa. Luego esa paridad se modificó abruptamente. Sin embargo, la devaluación de la moneda no se erigió en obstáculo para que el ministro de Gobierno, Carlos Carranza, estampara su firma junto a la del mandatario provincial en el correspondiente decreto y luego defendiera la iniciativa a capa y espada ante un grupo de diputados y senadores santafesinos. De allí la sorpresa que provocó la decisión.
Pero más allá de la reacción puntual ante la resolución adoptada, una observación resulta pertinente: la capacitación de la policía de Santa Fe no es una cuestión secundaria, y mucho menos un lujo. Se trata de una real necesidad, habida cuenta de la creciente demanda por parte de la gente de una fuerza de seguridad eficiente y honesta, que tenga el profesionalismo y la idoneidad como banderas. Por esa razón, pese a que los argumentos esgrimidos para que el proyecto se extinguiera sin nacer resultan atendibles en el marco de la crisis, conviene hacer hincapié en que las dificultades actuales pueden ahondarse si los recursos no se destinan a los lugares que lo ameritan. Salud, educación y seguridad son las tres prioridades que el Estado no debe descuidar sin cometer una negligencia cuyo precio, más tarde, puede llegar a pagar la sociedad toda.