Caracas. - Cientos de miles de venezolanos coparon ayer Caracas exigiendo la renuncia del presidente Hugo Chávez, mientras los trabajadores en huelga de la petrolera estatal rehusaron volver al trabajo a pesar de una orden de la máxima corte de ese país. En una escena repetida desde que comenzó el "paro cívico" contra Chávez el 2 de diciembre, los manifestantes ondeaban banderas tricolores de Venezuela, en medio del estruendo de pitos y cacerolas y gritos de "fuera y elecciones ya".
Fuerzas militares cerraron el acceso al palacio presidencial de Miraflores con carros blindados y alambradas, en previsión de que los manifestantes intentaran llegar al lugar. Los líderes de la oposición habían aclarado anteriormente que la marcha de ningún modo se iba a dirigir ayer a la sede del gobierno, como ocurrió en abril, cuando una protesta fue repelida a tiros por fuerzas del orden y partidarios del gobierno.
Ahora hacia la casa de gobierno
No obstante, los huelguistas no descartaron organizar una para los próximos días, aunque aclararon que será para manifestar en paz y no para saquear el palacio de Miraflores.
Por su lado, varios miles de partidarios de Chávez, un militar retirado quien asumió el poder al ganar con amplio apoyo la elecciones de 1998, se concentraban en diversas plazas de la capital con el objetivo de respaldar la "revolución bolivariana" del mandatario e hicieron algunas marchas. "Chávez es un presidente bonito y el único que puede sacar a Chávez del pueblo es la Constitución", dijo Orlando Colmenares, un cultivador de rosas.
Los líderes de la oposición, en tanto, afirmaron que la marcha superó todas las expectativas y que sin duda puede calificarse como la mayor manifestación política registrada en el país. Extendieron además a un vigésimo día el paro cívico.
Mientras ambos bandos manifestaron en diferentes puntos de la ciudad, una asamblea de trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), reunida en Caracas, acordó horas antes mantener el paro con el fin de lograr la renuncia de Chávez. El paro ha comenzado a generar una creciente escasez de gasolina y algunos bienes. "No vamos a dar ni un paso atrás, siempre un paso al frente", dijo Horacio Medina, un gerente recientemente despedido de PDVSA por sumarse a las voces disidentes.
La actitud de los trabajadores constituye un desafío al Tribunal Supremo de Justicia, que el jueves ordenó, como medida cautelar, la reanudación de las actividades en la petrolera estatal. La decisión final deberá esperar hasta que se celebre una audiencia, cuya fecha no ha sido establecida. Chávez, quien sobrevivió en abril a un alzamiento militar que lo sacó del poder por 48 horas, ha tratado infructuosamente de romper el paro en PDVSA, que califica como un "sabotaje" porque atenta contra el corazón de la economía nacional. Aunque el paro ha golpeado a PDVSA y a los futuros ingresos petroleros del país, analistas dicen que el gobierno aún podría resistir el temporal porque cuenta con la maquinaria del Estado, recursos económicos y militares clave dentro de las fuerzas armadas.
Como terroristas
El vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, descartó ayer tajantemente la posibilidad de una renuncia pactada de Chávez y advirtió que el gobierno podría acudir a las instancias internacionales para acusar por terrorismo a los gerentes que paralizaron a la industria petrolera venezolana. Rangel señaló que así como se considera terrorismo secuestrar un avión y estrellarlo contra las Torres Gemelas en Nueva York, también es terrorismo "paralizar una industria" para afectar a millones de personas.
La comunidad internacional se ha mostrado preocupada por la crispación en Venezuela, país fuertemente polarizado políticamente, y han pedido que se logre una salida consensuada. El alto representante de la Unión Europea (UE) para la política exterior, Javier Solana, pidió una negociación "sin demora".
El secretario general de la OEA, César Gaviria, que auspicia una mesa de negociación entre las partes, anunció que por primera vez en muchos días se trató el tema de una salida electoral a la crisis en la mesa que auspicia. Participantes de las partes en la mesa dijeron que uno de los puntos en común es que toda salida electoral debe pasar por una enmienda constitucional. (Reuters, AFP y DPA)
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