El caso Brusa seguirá en febrero cuando citen a los imputados

Carlos Roberto Morán / La Capital

Tres víctimas del terrorismo de Estado prestaron declaración testimonial, la semana pasada, en el Juzgado Federal de Santa Fe, en la causa en que se investigan las conductas del ex magistrado Víctor Hermes Brusa y cinco ex policías provinciales. Así, con el trámite cumplido por Carlos Pacheco, Ana María Cámara y Patricia Traba concluyó por ahora la recepción de testimoniales, las que serán reanudadas una vez que el juez federal Reynaldo Rodríguez determine las nuevas fechas para ese trámite, interpretándose que las declaraciones volverán a tomarse en febrero próximo.
Luego, presumiblemente a partir de marzo, el magistrado podría comenzar las indagatorias a Brusa y a los cinco ex policías: los ex comisarios Héctor Colombini, Mario Facino y Félix Perizzotti y los ex oficiales Eduardo Ramos y María Eva Aebi o Aevis.
El caso, único en su tipo en el país, lo inició el juez español Baltasar Garzón, quien procesó a los imputados y los acusó de los delitos de privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y torturas.
Hasta el presente los imputados no han hecho ninguna clase de presentación ante el Juzgado Federal de Santa Fe, no descartándose que especulen con la probabilidad de que la Corte Suprema de la Nación falle a favor de la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
El juez Rodríguez declaró la inconstitucionalidad de ambas leyes para poder indagar a los ex policías, pero vale aclarar que los beneficios de ambas leyes cuestionadas no alcanzan a Brusa.
Además de Pacheco, Cámara y Traba ya han declarado Jorge Pedraza (agregado a la causa), Anatilde Bugna, Stella Vallejos y José Ernesto Schulmann, todos los cuales ratificaron sus denuncias y en determinados casos las ampliaron, pudiendo saberse que se ofrecieron nombres de presuntos testigos y de posibles nuevos imputados, aunque los detalles se mantienen en reserva por un pedido expreso del propio juzgado.
El fiscal Alejandro Luengo confirmó a La Capital que pedirá al magistrado federal que disponga que los testigos realicen el reconocimiento de la seccional 4ª de policía y de "La casita", un lugar clandestino de detención que habría estado ubicado en jurisdicción de Santo Tomé. Algunos testimonios señalan a "La casita" como una construcción que se habría levantado cercana a la ruta nacional 19 y que ahora se encontraría en ruinas.
La seccional 4ª de policía también fue considerada un centro clandestino de detención, y durante algunos años estuvo al frente de esa repartición el comisario Facino, actual presidente comunal de San José del Rincón.
Luengo solicitará que el juez determine las fechas para que presten sus testimonios los restantes testigos, muchos de los cuales ya declararon ante Garzón, en forma personal o por escrito. Ellos son: Rubén Maulín, Beatriz Liliana Poi, Patricia Isasa, Susana Molinas, Roberto Cepeda, Vilma Gómez, Sara Derotrez de Covacho, actual titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y el ex diputado provincial Orlando Barquín.