Las normas favorables a las minorías en Estados Unidos son cada vez más discutidas, particularmente en las universidades, donde hay estudiantes blancos que se sienten perjudicados. Más de cuarenta años después de la concesión en EEUU de ciertos derechos a las minorías étnicas -y a las mujeres- para facilitar su acceso al estudio y al empleo, la llamada "acción afirmativa" cobra nuevamente actualidad.
La Corte Suprema aceptó ocuparse de este sensible tema, por primera vez desde 1978, en respuesta a una demanda de estudiantes blancos de la Universidad de Michigan que alegaron haber sido rechazados. Ellos sostuvieron que la universidad abrió en cambio sus puertas a estudiantes negros que habrían obtenido notas más bajas que las suyas en los exámenes de ingreso.
Los nueve jueces de la Corte Suprema, que deberán dar a conocer su veredicto de aquí a junio, se pronunciarán sobre la constitucionalidad de una práctica que concede sobre todo a los estudiantes negros un bonus automático de 20 puntos, sobre los 150 requeridos en las pruebas de admisión, contra doce para un blanco.
"Creo que este caso va a constituir un momento decisivo para saber si vamos a utilizar frecuentemente la raza en muchos escalones de nuestra sociedad, o sólo en casos excepcionales", dice Michael Rosman, responsable del Centro para Derechos del Individuo.
La decisión de la Corte podría además ayudar al público a entender con más claridad los procedimientos a veces tortuosos a los cuales las universidades han recurrido para alentar la diversidad racial.
Por obligación
En 1961, el presidente John F. Kennedy había exigido a los empleadores federales que aseguraran la contratación de personas sin penalizarlas por el color de su piel o su origen étnico. El gobierno de Nixon reforzó todavía más esta tendencia obligando a los empleadores a practicar la "discriminación positiva".
Pero en una decisión del 28 de junio de 1978, "Universidad de California contra Allan Bakke", un estudiante blanco rechazado dos veces por la escuela de medicina de esta institución, la Corte Suprema había creado una imprecisión jurídica todavía no disipada. Aunque prohibiendo la práctica de cuotas, el tribunal supremo había sugerido que la raza podía ser considerada como un factor determinante en la admisión de un estudiante.
Bakke afirmó entonces que la política de la universidad violaba la ley sobre derechos cívicos de 1964 que prohibía la preferencia racial en los programas financiados por el Estado federal. La Corte Suprema rehusó desde entonces discutir este asunto.
"Cualquiera sea la decisión de la Corte, tendrá un impacto profundo en la composición de la población estudiantil de este país", estima Mark Rahdert, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Temple (Filadelfia).
El viento de la "discriminación positiva" comenzó a cambiar a mediados de los 90, cuando los Estados que acordaban claras ventajas a los negros, hispanos e indios, como Texas, Georgia y Michigan, fueron demandados ante la Justicia. De todos modos, la mayoría de los Estados sigue practicando la discriminación positiva. (AFP)
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