A medida que se acerca el 20 de diciembre y crecen los rumores sobre la posibilidad de que la violencia se adueñe de la jornada en que se recordará la protesta popular que eyectó de la Casa Rosada a Fernando de la Rúa, sectores eclesiásticos y el propio gobierno hacen denodados esfuerzos para calmar los ánimos y convencer a la ciudadanía de que el aniversario del gran cacerolazo transcurrirá en paz.
Para esa fecha están previstas varias marchas a Plaza de Mayo impulsadas por organizaciones vecinales, partidos de izquierda y el precandidato a la presidencia Adolfo Rodríguez Saá.
Con la idea de evitar que los días 19 y 20 sean un espejo de lo ocurrido un año atrás, que dejó una treintena de muertos, ni que sectores malintencionados le quiten peso específico al movimiento ciudadano opositor a las anquilosadas formas de hacer política, representantes laicos de distintos cultos intentan evitar que quienes intentan capitalizar como propios los actos del 20 desistan de esa actitud.
Si bien sostienen que el choque de acusaciones se debe a la interna entre el presidente Eduardo Duhalde y Carlos Menem, referentes eclesiásticos estiman necesario "prevenir cualquier síntoma de locura y de muerte anunciada". Por eso, hicieron contactos informales con agrupaciones piqueteras, fuerzas de seguridad y operadores políticos para evitar saqueos programados, represión indiscriminada o que algunos se aprovechen de la situación.
Esta preocupación tuvo su correlato en despachos gubernamentales, sobre todo en la Jefatura de Gabinete, cuya segunda línea se interesó por conocer de antemano las acciones que estaba llevando a cabo la Iglesia y los "gestos de pacificación" que programaba la denominada Mesa Ampliada del Diálogo Argentino.
No más leña al fuego
La inquietud oficial surgió ante la posibilidad de que ese nucleamiento laical y multirreligioso sumara una denominada "Jornada contra el hambre y la violencia" a las actividades ya previstas para el próximo 20. No obstante, la mesa dialoguista (ahora separada del gobierno e integrada por organizaciones no gubernamentales y religiosas) decidió no echar más leña al fuego al anticipar que contribuirá a la pacificación social y a la restauración nacional.
"El objetivo es dar una mano de consenso, de diálogo y de pacificación para transformar esa tensión en posibilidad de reconstrucción", precisó uno de los promotores de la iniciativa.
Aunque ese "gesto de paz" recién se definirán el martes, en una reunión en la sede del Episcopado a la que fueron invitadas diversas agrupaciones sociales, trascendió que los lugares elegidos para la manifestación eclesial serían la villa La Cava (ubicada en San Isidro) y algún hospital de Tucumán. La idea sería realizar una o más audiencias públicas en esos sitios, o en otros, para exhortar a la pacificación nacional, solidarizarse con las víctimas de la violencia y comprometerse en la lucha contra las otras formas de violencia: el hambre y la falta de educación y de trabajo.
Paralelamente, voces coincidentes intentan bajarle el tenor a las señales alarmistas. Desde Brasilia, donde participa de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, Eduardo Duhalde insistió en que "se agitan fantasmas que son absolutamente incomprensibles, ya que no hay ningún ambiente que pueda hacer pensar en actos de perturbación, y los que quieran intentarlo, lo hacen desde lo político y serán aislados por la misma gente".
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan José Alvarez, ratificó ayer que el gobierno garantizará la seguridad el próximo 20, y llamó a recordar esa fecha como un día "nefasto" que "los argentinos no queremos que se vuelva a repetir".
Luego resaltó que las medidas "de prevención y seguridad" estarán dirigidas tanto a los manifestantes como al resto de la ciudadanía y las instituciones, aunque aclaró que "se respetará el derecho de protesta, teniendo en cuenta que también tiene el límite de no afectar vida y bienes de la ciudadanía".
En la misma línea, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, pidió "respeto por las personas que no están dispuestas a manifestar" y reclamó prudencia a los organizadores de los actos del 19 y 20 próximos.
"Sabemos que cuando hay movilizaciones con conflictos, estos no son provocados por los movilizados sino que las responsabilidades caen en quienes los dirigen", dijo Atanasof.
"El que cree que saquear es fácil se va a llevar una sorpresa", advirtió finalmente y sin medias tintas el gobernador bonaerense, Felipe Solá, quien luego aseguró que reforzó la presencia policial en las calles del Gran Buenos Aires para evitar que se cometan este tipo de desmanes.
La Ciudad
