| | Roviralta envió un mensaje inflexible: quiere que sus terrenos se desocupen Están en Oroño y Quintana, y son parte de una herencia
| "Si me ofrecés 10 mil pesos te digo que no vendo, pero si me das un millón en una de esas negociamos". Palabras más o menos es lo que mandó a decir ayer el ex polista Huberto Roviralta a los ocupantes de unos terrenos que heredó en el acceso sur de Rosario y que ahora quiere desalojar cuanto antes. El mensaje, que fue interpretado como "un apriete", indignó a las personas que habitan esos terrenos y paralizó una vez más la instancia de conciliación judicial entre ambas partes para hallar una salida negociada al conflicto. Volverán a encontrarse el 7 de marzo ante el juez Eduardo Arichuluaga, pero nada indica que finalmente haya acuerdo y al final del proceso sólo parece divisarse el desalojo compulsivo. Fue un encuentro tenso y Roviralta volvió a estar ausente, como ya ocurrió el 20 de noviembre. Sus abogados, en tanto, trajeron un mandato inflexible: "Tienen que irse", les dijeron a los ocupantes de dos terrenos ubicados en bulevar Oroño y Presidente Quintana. Las tierras fueron heredadas por el ex marido de Susana Giménez y al parecer está muy interesado en recuperarlas. Los ocupantes admiten que no son dueños pero están en una situación crítica: si no es ahí, donde ya construyeron sus casas, no tienen dónde vivir. Por eso quieren que el propio Roviralta o el Estado arrime alguna propuesta para que pueden mudarse a otro sitio y levantar sus nuevas viviendas. Nada de eso ocurrió hasta ahora. Mientras los abogados Carlos Varela y Brian Wheeler ratificaron que Roviralta quiere sus terrenos, la Dirección de Vivienda y Urbanismo de la provincia y el Servicio Público de la Vivienda de la Municipalidad esta vez acudieron a la audiencia, pero no arrimaron ninguna propuesta concreta. El representante de la provincia fue el que enojó más a todos, primero porque pidió tiempo ("Quiso patear la pelota para adelante", dijo uno de los ocupantes) y sugirió que fueran los vecinos quienes impulsaran una ley de expropiación en la Legislatura. "Nosotros no podemos hacer nada", fue su descargo. Los abogados de Roviralta lo calificaron de "burócrata" y los ocupantes se indignaron. Más razonable pareció la propuesta del Servicio Público de la Vivienda, que pidió suspender el juicio que inexorablemente desembocará en el desalojo para mensurar las tierras y ofrecer alguna propuesta. Pero esta idea nació muerta porque Roviralta no piensa paralizar el juicio sino todo lo contrario. Para el abogado Marcelo Carrado, que patrocina a los ocupantes junto a Erik Daza, esto es algo así como jugar con fuego. "Acá todos especulan con la angustia de la gente, que es la única que pierde y que va a quedar en la calle". Es lo que podría pasar en unos pocos meses.
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