El presidente Eduardo Duhalde firmó ayer el decreto que autoriza los aumentos de tarifas de electricidad y gas, el cual regirá a partir de mañana. El jefe de Estado no precisó la magnitud del reacomodamiento, pero aseguró que para los usuarios residenciales el incremento máximo será de 2,50 pesos para la luz y de 1,40 pesos para el gas. El decreto fue criticado duramente por las asociaciones de usuarios, que anticiparon que solicitarán la inconstitucionalidad ante la Justicia, mientras que voceros de las empresas se mostraron escépticos sobre las posibilidades de que el decreto resista el embate judicial y pueda finalmente aplicarse. La suba de tarifas tendrá un efecto parcial en Santa Fe, porque sólo los grandes usuarios de electricidad deberán afrontar los mayores costos, porque la Empresa Provincial de la Energía (EPE) no tiene previsto trasladar el incremento a sus clientes cautivos (Ver página 4).
"Me aseguré que realmente el aumento fuera para el grueso de los usuarios de 2,50 pesos por mes para la luz y para el gas de 1,40. Hoy 8por ayer) lo he firmado y seguramente el lunes estará en el Boletín Oficial", explicó Duhalde en su programa "Conversando con el Presidente", que se emite por radio Nacional.
"Hace un año que vienen hablando del tarifazo, y en realidad no ha habido tal tarifazo", dijo el primer mandatario, y agregó que el incremento es una "adecuación imprescindible, porque el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el mantenimiento del servicio".
Además, señaló que el gobierno conoce "por los gremios, y no por los empresarios" la situación y "las dificultades que hay para el mantenimiento y sobre todo de aquellas actividades que necesitan inversiones para el futuro".
"Nosotros tenemos que ser muy equilibrados" afirmó Duhalde, que optó por la firma del decreto después de reiterados frenos judiciales a la convocatoria de las audiencias públicas que iban a definir el nuevo esquema tarifario.
Fuentes oficiales dijeron que en el caso de la luz, "el 43 ó 44 por ciento de los usuarios domiciliarios con consumos entre 0 y 300 kilovatios por bimestre no están incluídos en el incremento", y agregaron que "dentro del universo al que se le aumenta, los que están entre 300 y 800 kilovatios/bimestre, o sea el 90 por ciento, paga un promedio de 2,50 pesos por mes".
En el gas, en cambio, "un 33 por ciento de los usuarios está cubierto por la tarifa social y no se le aumenta, mientras que el resto tiene un promedio de 1,32 pesos por mes".
"No se puede hablar de porcentajes, porque depende del nivel de impuestos que se aplica en cada distrito", agregaron las fuentes.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, insistió esta semana en su gira por Europa en hablar de los aumentos por sus sumas y no por porcentajes, tal como le había indicado el propio Duhalde antes de partir.
Sin embargo, el ministro expresó en varias oportunidades que el Gobierno aplicaría una suba promedio del 9 ó 10 por ciento, y no del 30 por ciento como pedía el Fondo Monetario Internacional (FMI) ni del 70 por ciento como pedían las empresas.
Usuarios en pie de guerra
La respuesta de las asociaciones de usuarios no se hizo esperar: en una conferencia de prensa que realizó ayer por la tarde el foro que las nuclea, lanzaron una convocatoria a una protesta para el viernes próximo, a las 19, en todo el país.
La protesta contra los aumentos se realizará en Buenos Aires en la Plaza de la República, e incluirá cacerolazos y quemas simbólicas de facturas de servicios, según anunciaron las entidades, que confirmaron que mañana mismo harán sus presentaciones judiciales contra el decreto.
"Ya se lo advertimos, un decreto no puede modificar una Ley", dijo la titular de Consumidores Argentinos, Patricia Vaca Narvaja, y agregó que "estos aumentos responden a una necesidad de las empresas de hacer frente a sus endeudamientos externos, y nos parece que no es el momento oportuno para sacarlo de los bolsillos de la gente".
"Los aumentos para los grandes usuarios industriales van a tener un impacto en el precio final que paga el consumidor por productos y servicios, si no hay un compromiso del grupo empresarial de absorber estos costos", alertó.
Expresó también que "la calidad del servicio no se cae porque no hayan hecho inversiones en un año, sino porque no invirtieron lo necesario los años anteriores", tras reiterar que "los usuarios queremos discutir las necesidades de mantenimiento, y si ellos están tan seguros que las transparenten y discutan en el ámbito de la comisión renegociadora".
Por su parte, la presidenta de Adecua, Sandra González, se lamentó por "tener que ir una vez más a la Justicia, porque cuando aquí todo el mundo se llena la boca exigiendo seguridad jurídica, el Estado es el primero en cometer un ilícito, porque las tarifas no se pueden aumentar por decreto".
"Instamos a los usuarios a controlar sus facturas, porque aquí porcentajes y números no cierran y alguien está mintiendo", agregó.
Por su parte, la defensora del Pueblo porteña, Alicia Olivera, anticipó que presentará una acción judicial contra el decreto no bien se publique el texto en el Boletín Oficial. "Estamos convencidos de que no se puede modificar la ley de emergencia económica a través de un decreto, porque es absurdo jurídica y constitucionalmente decretar la emergencia sobre la emergencia", dijo la funcionaria.
Escepticismo entre las privatizadas
En tanto, fuentes empresarias se mostraron escépticas "porque el lunes a primera hora ya va a caer una catarata de presentaciones judiciales contra el decreto, y su aplicación va a ser dificilísima".
Las fuentes consignaron que "según las declaraciones de Lavagna, los porcentajes de los aumentos no se corresponden con los promedios que están dando hoy". En el caso de las compañías de luz, remarcaron que si el aumento fuera del 9 por ciento, como había trascendido días atrás, teniendo en cuenta la rebaja del IVA del 21 al 19 por ciento y la disminución del precio estacional, el ajuste para usuarios domiciliarios sería inferior a los 2,50 pesos.
A pedido del propio Duhalde, el Enre y Enargás -los entes reguladores de luz y gas- montarán durante la semana un call center conjunto para que la gente pueda controlar si el aumento que le aplicaron es acorde al autorizado por el decreto.
En tanto, las tarifas de agua y peajes se resolverán a través de un procedimiento de consulta que reglamentó Economía esta semana, dado que el marco regulatorio es distinto al de electricidad y gas.
La Ciudad
