Las autoridades de la Asociación de Hipódromos de Buenos Aires temían que su denuncia sobre apuestas hípicas clandestinas en Rosario se filtrara y los responsables no fueran descubiertos. Por eso acudieron al Ministerio del Interior de la Nación y preguntaron dónde convenía presentarla. Pero jamás imaginaron que ni así podrían garantizar lo que buscaban: una investigación rápida y efectiva que permitiera desbaratar a los levantadores de apuestas ilegales para evitar el perjuicio al juego legal. Fue lo que finalmente ocurrió cuando enviaron a su gerente, Julio Esteban Villamayor, a hacer la denuncia. El funcionario se presentó ante las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la policía, que fue el organismo que le recomendaron en Interior, y dejó una lista de los bares donde se levantan las apuestas clandestinas. La nómina era sorprendente porque allí figuraban bares muy tradicionales de la ciudad. En total eran ocho y se ubicaban en San Juan al 1000, San Martín y Uriburu, Mendoza y Avellaneda, Mendoza y Cafferata, San Diego y Mendoza, Montevideo y San Martín, 27 de Febrero y Entre Ríos y Mitre y Ayolas. En la lista había otro sitio. La cafetería de uno de los clubes más tradicionales de Casilda. Luego de escuchar a Villamayor, los detectives de las TOE armaron un parte y fueron a ver al juez de Faltas Nº1, Osvaldo Alzugaray, que a mediados de octubre estaba de turno en reemplazo de Liliana Puccio, quien por entonces gozaba de una licencia. En la oportunidad ocurrió lo impensado. El juez de faltas en turno se habría dirigido a los investigadores con la siguiente frase: "Yo no allano bares", y acto seguido sugirió que volvieran cuando Puccio se reintegrara a sus funciones, una semana más tarde. En efecto, Alzugaray no ordenó ningún procedimiento (en la denuncia se indicaba la existencia de antenas para levantar las apuestas) y pasaron 10 días hasta que finalmente Puccio, ya reintegrada, firmó las órdenes de allanamiento a algunos de los sitios mencionados por la denuncia. Pero entonces ocurrió lo que acaso la Asociación de Hipódromos temía cuando preguntó en la cartera de Interior de la Nación dónde hacer la denuncia para garantizar que nadie avisara a los apostadores ilegales: los resultados de los procedimientos no fueron los esperados y salvo en uno de los lugares allanados, los resultados habrían sido bastante magros, según se supo. Tal como lo publicó La Capital en su edición de ayer, la Corte Suprema de Jusicia designó a un fiscal de Cámara para que investigue si le cabe una sanción al magistrado.
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