El gobierno santafesino tiene un plazo de cinco días corridos a partir de hoy para trasladar a 39 de los 53 presos alojados en la seccional 7ª a dependencias del Servicio Penitenciario provincial. Así lo dispuso ayer el juez de Instrucción número 11, Carlos Alberto Triglia, quien emitió una resolución tras comprobar el agravamiento de las condiciones de detención en la comisaría de Cafferata al 300, desde que en octubre de 2000 hiciera lugar a un recurso de hábeas corpus correctivo presentado por los reclusos de ese penal. A raíz de ello, el magistrado también decidió promover una investigación que eche luz sobre la eventual desobediencia o el incumplimiento de los deberes de funcionario público de aquellos que no acataron la orden emitida por él hace ya dos años.
El juez llegó a esta instancia después de que nueve detenidos en la 7ª presentaran el pasado 31 de octubre un recurso de hábeas corpus correctivo en el que denunciaron que la noche del 27 de octubre fueron golpeados por el personal policial de guardia. Entonces, el magistrado dispuso que los presos fueran revisados por un médico forense que constató las huellas de lesiones presuntamente originadas en la golpiza. Sin embargo, el magistrado derivó la causa a su par número 2, Alejandra Rodenas, ya que era ella quien estaba de turno el día en que se habría producido el castigo presunto.
En la misma denuncia, los reclusos solicitaron ser trasladados a otro penal y entonces Triglia reflotó una resolución emitida el 25 de octubre de 2000, en la cual hacía lugar a un recurso similar presentado por los entonces detenidos en la comisaría 7ª. En aquella oportunidad, el magistrado constató que en el penal había 46 presos en un lugar físico con capacidad para 14 y que, del total, 26 reclusos estaban acusados de delitos cuya competencia correspondía a la Justicia federal.
Por ello, ordenó entonces que los presos federales sean trasladados a dependencias de la Gendarmería, las delegaciones locales de la Policía Federal, la Policía Aeronáutica o la Prefectura Naval y dio la posibilidad de que hasta que ello se produjese, los reclusos fueran alojados en ámbitos del Servicio Penitenciario provincial.
En el texto de aquella resolución, el juez calificó como "injustificable e inconstitucional" el trato que recibían los detenidos y se pronunció para que las comisarías "dejen de ser depósitos de seres humanos" sometidos a procesos penales.
Situación agravada
Ayer, Triglia comentó a La Capital que "se analizaron nuevos elementos para ilustrar en que condiciones estaban los detenidos que presentaron el hábeas corpus y pude comprobar que la situación se agravó notoriamente en relación a lo visto hace dos años".
En ese orden, el juez dijo que "el lugar sigue siendo para un máximo de 14 detenidos y en estos últimos días el número de reclusos fluctuó entre 53 y 57".
Con esos elementos en su poder, Triglia emitió la resolución en la cual ordenó al Ministerio de Gobierno "para que en cinco días corridos -a partir de hoy- derive a los presos a lugares del Servicio Penitenciario ya que en caso contrario estaríamos trasladando el mismo problema a otra comisaría" tan atiborrada de gente como la 7ª.
Anoche, el juez estaba cumpliendo con los trámites de rigor para que durante la mañana de hoy las correspondientes notificaciones lleguen a los despachos oficiales. A la vez que elevaba a Fiscalía una causa para que se investigue si "hubo una eventual desobediencia o incumplimiento de los deberes de funcionario público habida cuenta de que se ha acreditado desobediencia en el cumplimiento de la resolución de octubre de 2000 y teniendo en claro que las ordenes de la Justicia se imparten para ser cumplidas".
La Ciudad
