Año CXXXVI
 Nº 49.670
Rosario,
viernes  22 de
noviembre de 2002
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No se descarta que la Justicia cite a la diputada María del Carmen Alarcón
Reutemann ordenó suspender el proceso de incorporación de nuevos agentes policiales
Lo decidió después de conocerse la existencia de tráfico de influencias y denuncias de coimas

Atilio Pravisani / La Capital

Por orden expresa del gobernador Carlos Reutemann fue suspendido el proceso de incorporación de jóvenes a la policía "para que quede bien transparente" frente al tráfico de influencias al que habría sido sometido. Al mismo tiempo, se anunció una amplia investigación a través de Asuntos Internos de las denuncias por supuestas coimas a las que hizo mención la diputada nacional María del Carmen Alarcón.
De esta manera hizo eclosión la situación creada por las denuncias sobre tráfico de influencias para ingresar a la fuerza policial, de la que se hizo eco La Capital y que derivaron en el pase a disponibilidad del oficial auxiliar Miguel Angel Zalazar. Pero también se investigará "hasta las últimas consecuencias" el supuesto cohecho que el propio ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, consideró mucho más grave.
Ayer a primera hora de la mañana, el gobernador se encargó de anunciar que se "está estudiando la posibilidad de que se cambie el sistema de incorporación a las fuerzas de la policía, así que vamos a entrar en un compás de espera para que todo quede bien aclarado ante la opinión pública. Es decir que por ahora no va a ver incorporaciones para que todo quede bien transparente", enfatizó.
Posteriormente, Borgonovo se dedicó a ratificar lo anunciado por Reutemann y le dijo a La Capital que se realizará "una revisión de todo lo actuado para que no queden dudas", y agregó que se tratará de realizar de la manera más certera y rápida porque se necesita la incorporación de 500 agentes.
"Como han existido sospechas y denuncias sobre eventuales irregularidades, se revisará lo actuado y vamos a trabajar para que no queden dudas sobre los que ingresan", precisó el ministro de Gobierno, quien al mismo tiempo anticipó que "ayer por la mañana he pedido un detallado informe sobre las declaraciones de la diputada Alarcón, lo que considero mucho más grave, como así también debo manifestar que habrá una investigación a fondo".
De esta manera, las declaraciones de Alarcón -quien había recomendado a quince jóvenes porque en la Jefatura de policía se le exigía una coima de un sueldo para entregarle una solicitud- ya tiene dos derivaciones: la presentación del oficial auxiliar Zalazar ante la Fiscalía en lo penal y el comienzo de una investigación a través de Asuntos Internos.

Una costumbre
En relación al llamado tráfico de influencias, Borgonovo sostuvo que de acuerdo a lo manifestado por la Subsecretaría de Seguridad, los legisladores "han hecho una costumbre de este tipo de recomendaciones, lo cual no quiere decir que después estas recomendaciones se traduzcan en ingresos", opinó el ministro político, quien por otra parte aclaró que las condiciones para los ingresos ahora no son menores porque tienen exigentes exámenes que rendir, y contar con título secundario, entre otras cosas.
Sin embargo, ayer, en ámbitos legislativos, se admitió que es la propia policía la que frente a un pedido de un amigo o conocido le exige a los ingresantes que "lleven una nota o recomendación de algún político o legislador", el que actúa como avalista, y que no son pocos los diputados o senadores que por ese motivo le firman la "recomendación".
De ser así, parece ser que la misma policía desconoce el reglamento del Régimen Disciplinario de la fuerza, que en su artículo K establece que un policía "no puede valerse de recomendaciones ajenas a la institución para gestionar destinos, ascensos o cualquier otra medida de provechoso beneficio".
Borgonovo también aclaró que la medida disciplinaria contra Zalazar fue una resolución tomada exclusivamente por el jefe de Policía de la UR I, y en ella nada tuvo que ver el ministerio a su cargo como "muchos pretendieron insinuar", precisando que la policía tiene un reglamento en donde se establece normas precisas en torno a las declaraciones públicas del personal de la fuerza, y esto es lo que ha tenido en cuenta el comisario Osvaldo Miranda al dictar su resolución.
Al mismo tiempo, el ministro puso énfasis en solicitar a todos aquellos que tengan datos sobre irregularidades que la suministren "porque será la única forma de terminar con este tipo de hechos que solo daña a un organismo como lo es justamente la policial encargada de la seguridad de la población, mucho más aún en realidades como la que está viviendo el país".



Borgonovo y Reutemann quieren que todo se aclare. (Foto Roberto Paroni)
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