Remates: el PE estudia un decreto de mediación

El Poder Ejecutivo tiene previsto un decreto de necesidad y urgencia que establece una instancia de negociación administrativa, para pequeños deudores extrabancarios que tengan como garantía sus viviendas únicas y familiares, según trascendió ayer en fuentes parlamentarias.
La instancia administrativa propuesta por el gobierno no parece ser del agrado de la mayoría de los legisladores, que antes del acuerdo firmado ayer en Olivos proclamaron la necesidad de establecer por ley una nueva prórroga de la suspensión de ejecuciones que venció el 14 de noviembre pasado.
Tanto justicialistas como radicales trabajaban por esos días en proyectos que establecían un sistema de mediación judicial obligatoria y previa a las ejecuciones, pero esa posibilidad fue cuestionada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tan es así que para hoy está prevista una sesión especial para tratar ese tema, cuya realización pareció quedar en suspenso en virtud del acuerdo de Olivos y del proyecto de decreto de necesidad y urgencia que circuló hoy en los despachos de los presidentes de bloque.
Las diferencias existentes entre el gobierno y las distintas bancadas puede paralizar el tratamiento de la cuestión hasta fin de mes, cuando concluye el período ordinario y la agenda parlamentaria pasa a depender constitucionalmente del Poder Ejecutivo.
El proyecto del Ejecutivo habilita a que los pequeños deudores extrabancarios apelen a una instancia administrativa en los ministerios de Trabajo y de Producción, con el exclusivo fin de salvar de un eventual remate sus viviendas únicas y familiares.
En cambio, el proyecto que seguían impulsando los legisladores radicales de ambas cámaras, algunos justicialistas y otros bloques opositores propicia una prórroga del congelamiento de ejecuciones y una mediación judicial compulsiva para los deudores prendarios e hipotecarios, cuyas garantías se encuentran a punto de ser ejecutadas por los acreedores.
El titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Mario Vicens, aseguró que "a los bancos no les interesa rematar los bienes de sus clientes" y calculó que el número total de préstamos en mora con entidades crediticias rondaría los 4.500.
Según el directivo, una encuesta realizada por la ABA indicó que "lo que figuraba como 20 mil subastas pendientes, los bancos dicen que tienen 4.500, o sea que la magnitud del problema es de un quinto de lo que se ha dicho".
En tanto, la Corte revocó un fallo mediante el cual la Cámara de Apelaciones ordenó la ejecución hipotecaria de un deudor que incumplió sus obligaciones con el BankBoston a raíz de un severo problema de salud. El beneficiado es Norberto Ruffino, a quien el banco le otorgó un préstamo por 51.960 dólares, que dejó de pagar por "haber sufrido un hematoma intracerebral que le acarreó gravísimas secuelas".