Fuerte cuestionamiento a la decisión del ministerio

"Con la decisión de la Región V de Educación se desautorizó a docentes altamente implicados en su trabajo, quienes enseñaron que hay deberes y obligaciones y que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley", opinó la docente casildense, psicóloga y delegada gremial de Amsafé, María Elena Miloslavich, consultada por La Capital.
"¿Qué hubiese pasado si una jovencita entraba al baño en el momento de la explosión?", se preguntó Miloslavich, y conjeturó: "Seguramente hubiera sufrido serias lesiones y, ante tal acontecimiento, hoy muchos estarían hablando de medidas represivas".
La profesional reflexionó que la bomba "podría haber explotado en las manos de quienes la pusieron y, en ese caso, todos se estarían preguntando dónde estaban las autoridades y los docentes o cómo puede ser que exista tan poco control. Estos docentes -añadió- actuaron correctamente, aplicaron las normas estipuladas en forma reflexiva, consensuada y colegiada. Aplicaron una suspensión que no impedía proseguir los estudios. La sanción no era desproporcionada, inmotivada ni arbitraria".
"El Ministerio de Educación, que tiene el deber de cuidar y asesorar a las colegios, no acudió con sus equipos técnicos y legales y dejó a la institución a la deriva. Ultimamente parece que está muy ocupado en estadísticas, racionalización y bastante alejados de la educación".
La docente valoró "la actitud de la familia del otro implicado, que reconoció el error de su hijo" y dijo que "también es para celebrar que la comunidad se haya acercado a la escuela con firmas, cartas y otras muestras de solidaridad".
Por su parte una ex directora de la escuela, Haydé Garello, consideró que "la determinación del Ministerio de Educación fue equivocada" tras calificar como leve la sanción aplicada por la escuela. "Lo correcto hubiese sido expulsarlos", opinó.
"Con este precedente -agregó la mujer de 85 años- los alumnos mas chicos no tendrán parámetros para tomar como ejemplo. A partir de ahora los estudiantes podrán comportarse mal porque saben que nadie los va a sancionar. Esta situación causó indignación, pero nadie quiere hablar por miedo, cuando en realidad estas cosas injustas se tienen que saber para que no vuelvan a ocurrir", concluyó Garello.