Año CXXXVI
 Nº 49.666
Rosario,
lunes  18 de
noviembre de 2002
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Investigación en Obras Particulares
Denuncian en la Justicia a una empleada municipal por falsear documentación
La arquitecta Di Cesare intervino en una maniobra que derivó en la violación de un reglamento de edificación

El escándalo que envuelve al edificio ubicado en Laprida 1818 ya llegó a la Justicia. El inmueble poseía autorización para tener 10 pisos de altura, pero se hizo de 14. Y en estas irregularidades quedó involucrada una inspectora de la Dirección de Obras Particulares, quien hoy será denunciada por el Ejecutivo ante el juzgado de instrucción en turno. "Accionaremos contra la empleada María Lucía Di Cesare, pero su responsabilidad no es exclusiva. Creemos que los empresarios del sector deberán hacerse cargo de las violaciones a las normas que contaminan la ciudad", aseguró el Director de Investigaciones Administrativas, Ricardo Brunet.
La historia de Laprida 1818 se conoció gracias a una ordenanza que establece sanciones económicas a todas las construcciones que hayan violado el reglamento de edificación o el código urbano.
Para el coqueto edificio ubicado a metros de plaza López se fijó una multa de 273.273,44 pesos, que una vez abonados le permitirá a los copropietarios acceder al final de obra y la tan ansiada escrituración de sus viviendas. Es que ahora no pueden concretarla porque la construcción posee cuatro pisos más de los permitidos.
Esta irregularidad edilicia motivó un pedido de informes por parte del Concejo Municipal y la intervención de la Dirección de Investigaciones Administrativas, sumario que hoy llegará a la Justicia.
A fines del 97, los consorcistas adquirieron sus propiedades con un plano conforme a la obra, aprobado en el 96 por la directora del área norte de la Dirección de Obras Particulares, María Lucía Di Cesare. En la carátula figuraba un sello de la repartición y la firma de la funcionaria.
El plano nunca fue registrado en la Municipalidad, pero sirvió para obtener un crédito hipotecario por un millón de dólares solicitado por los constructores y asumido proporcionalmente por los copropietarios de Laprida 1818.
En la investigación realizada por el Ejecutivo, Di Cesare negó la autenticidad de su rúbrica pero un peritaje caligráfico posterior comprobó que la firma le pertenecía.
La empleada municipal (con 20 años de antigüedad y categoría 19) recibirá una doble sanción. La Dirección de Investigaciones Administrativas aconsejó apartarla como inspectora de Obras Particulares y ordenar un sumario interno que podría derivar en su cesantía o exoneración.
Brunet, en tanto, confirmó que hoy se presentará ante el juzgado de instrucción en turno de los Tribunales provinciales, "para radicar una denuncia penal en su contra por la presunta comisión de los delitos de falsificación y/o adulteración de instrumento público, más los cargos de falsedad ideológica".
A su vez se remitirá copia de esta actuación al Tribunal de Disciplina y Etica Profesional del Colegio de Arquitectos "para que se investigue y juzgue la conducta de la arquitecta matriculada", señaló Brunet.
Por otro lado y según la documentación oficial, Roberto Ciccioli, el constructor de Laprida 1818 reconoció ante la Dirección de Obras Particulares estar por fuera de las normas vigentes y asumió que nunca se presentaron planos con las modificaciones establecidas. La conducción técnica la hizo José Luis Valentini.



Donde se debían construir hasta 10 pisos, se llegó a 14. (Foto: Alfredo Celoria)
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