Perderán su vivienda por una deuda ajena

Un matrimonio con tres hijos quedará en la calle porque el anterior dueño del terreno no pagó los impuestos

Carcarañá. - Aunque Pedro Julián Saucedo y Blanca García no tienen deudas, la vivienda que construyeron en un terreno propio que no escrituraron en el momento de la compra irá a remate. Un oficial de Justicia efectuó una constatación de la propiedad hace unas pocas semanas y sólo resta que se fije la fecha para que la subasta pública se cumpla.
Pedro y Blanca se casaron hace tres años, pero viven en pareja desde hace 16. Nueve años atrás compraron un terreno y a los pocos meses construyeron su vivienda. Como no escrituraron, esa casa irá a remate por una deuda que contrajo el propietario anterior. Hoy temen por el futuro de sus tres hijos: Débora (11), Leandra (8) y Franco (3).
Los juicios fueron iniciados a raíz de deudas impagas a la Administración Federal de Impuestos Provinciales (Afip) y a una empresa. Una de las causas se inició en el Juzgado Federal de Rosario por 2.800,11 pesos, en tanto que la otra, que asciende a 7.748,49 pesos, fue radicada en los Tribunales de Cañada de Gómez.
"Podemos decir que esta situación es fruto de nuestra ignorancia, pero también de nuestra mala situación económica. Es cierto que no cumplimos con los trámites administrativos, pero la Justicia debería entender que la sentencia que va a dictar no es justa", dijo el matrimonio a La Capital.
Pedro muestra un documento que detalla la deuda que la Justicia pretende cobrar al anterior propietario del terreno, Sergio Carlomagno. Este empresario, que desarrolla una actividad vinculada a la industria frigorífica, atraviesa por una situación económica complicada que lo llevó a inscribir su propiedad como bien de familia.
"¿Cómo pueden cometer una injusticia semejante?", se preguntó Blanca. La mujer alega tener razón y cuenta que hasta el propio Carlomagno asiente con la cabeza cada vez que dialogan al respecto. "Fuimos varias veces a su casa, pero dice que no tiene dinero para parar el remate", añadió.
"Cuando compramos firmamos el boleto de compraventa. Pero en ese momento las firmas no se hicieron certificar, entonces el documento no tiene validez. Los abogados que consultamos para el inicio de los trámites piden 2.000 pesos", explicaron.
Pedro es hoy un desocupado más de los tantos que dejó la crisis en la industria frigorífica de Carcarañá. El único ingreso que posee son los 150 lecops mensuales por estar incluido en el plan para jefes de hogar desocupados. Blanca tampoco trabaja, aunque concurre a un costurero en un centro comunitario.
Los propietarios pagaron en su momento 1.500 pesos por el terreno e informaron que el monto de la deuda que reclaman judicialmente al anterior propietario equivale al valor de la vivienda, unos 10.000 pesos. "En ese momento no fuimos bien aconsejados por la inmobiliaria que confeccionó el boleto", comentaron.
"Hablamos con Carlomagno y nos dijo que no tiene el dinero para pagar los compromisos. Pero la casa que se va a rematar es la nuestra y no seré dueño de mis actos el día que eso pase, sobre todo si mi familia queda en la calle", dijo Pedro indignado.