Editorial

Proteger a los más débiles

Los efectos más dañinos de la profunda crisis que golpea a la Argentina son aquellos que se relacionan con los sectores desprotegidos de la sociedad. Así, no caben dudas de que desocupados y carecientes vieron agudizadas hasta límites dolorosos las duras situaciones que padecían. Ahorristas con depósitos incautados y deudores crediticios que ven pender sobre sus cabezas la espada de Damocles de la ejecución hipotecaria son otros de los grupos que sufren con extrema crudeza la coyuntura. Sin embargo, si bien el presente es difícil, existen alentadores signos respecto del futuro. Las perspectivas de reactivación económica —hasta ahora, casi utópicas— se han convertido en un horizonte lejano pero cierto y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional promete concretarse en breve plazo, dándoles algo de oxígeno a los planes del Estado para el año que se avecina. En ese marco, y con la esperanza de que los meses que vendrán mejorarán la deteriorada capacidad de pago de la gente, es que el gobierno anunció un acuerdo con los bancos para postergar las ejecuciones hasta febrero de 2003.
La noticia merece ser vista, en primer término, desde un prisma positivo porque significa, en términos concretos, ponerse del lado de los más débiles. Su obvia contrapartida es que tal situación no puede mantenerse “in eternum” ya que implicaría la ruptura definitiva de la seguridad jurídica, condición fundamental para el esperado retorno de las inversiones.
El notorio desprestigio que sufre —con justificación— el sistema financiero debe ser revertido si se pretende que el país emerja del pozo en el que ha caído. Decisiones como las que nos ocupa señalan el camino correcto en esa dirección. La expectativa es que la dilación encuentre como premio el crecimiento de la actividad económica en su conjunto, que repercutirá de modo positivo sobre el bolsillo de los deudores y permitirá que, buena voluntad de ambas partes mediante, se reconstituya una cadena rota.