Aprobaron la ampliación de una planta cerealera

El Concejo cañadense autorizó a la empresa Santa Lucía a que haga reformas. Oposición de vecinos

Walter Gasparetti / La Capital

Cañada de Gómez. - Los ediles cañadenses aprobaron por mayoría un convenio que le permitirá a la empresa Cereales Santa Lucía ampliar la capacidad instalada hasta en un 15 %. La decisión de los ediles generó una ola de insultos de vecinos y representantes de entidades situadas en el barrio donde la empresa está instalada.
"Traidores", "delincuentes", "nazis" y otros conceptos agraviantes fueron expresados a los gritos por unas 15 personas que asistieron a la sesión del Concejo. Los improperios crecieron cuando los ediles aprobaron un acuerdo entre la Municipalidad y la empresa que pedía la ampliación. El proyecto de ordenanza, que estaba en estudio de comisión, buscaba otorgar una autorización al establecimiento para hacer obras complementarias. Los ediles tuvieron una serie de reuniones con vecinos, instituciones y con el asesor letrado del municipio, Jorge Torresi, previo a la decisión final.
Los argumentos de quienes adhirieron al proyecto se centraron en la posibilidad de evitar un posible juicio de la empresa a la Intendencia y en la promesa del empresario, José Talismani, de no seguir con la idea de trasladarse a Bustinza, debido a que el municipio le negaba la posibilidad de crecimiento.
La autorización permitirá "dotar de operatividad a la planta y cumplimentar con requerimientos de la ordenanza que fija los controles a este tipo de empresas". Habilita además a Cereales Santa Lucía a hacer trabajos como la ampliación de la actual capacidad de almacenaje y acondicionamiento de granos. La empresa deberá respetar el trazado urbanístico del sector respecto de las edificaciones a ejecutar y cumplir con las normas dictadas a favor del medio ambiente. También deberá liberar al municipio de cualquier reclamo por posibles daños vinculados con el emplazamiento de las instalaciones.
Las razones del conflicto se remontan a 1998 cuando funcionarios de la Intendencia cañadense dieron una autorización verbal al empresario para que se radique en una zona que estaba prohibida. El error pretendió ser enmendado con el dictado de otras ordenanzas. Los vecinos iniciaron una demanda judicial que paralizó la planta por meses. Talismani señaló que la inversión volcada en la empresa era cercana a los 500 mil pesos. El conflicto que lleva más de tres años.