Los obispos estadounidenses adoptaron ayer una versión revisada de la carta de conducta sobre la paidofilia en la Iglesia, tras el rechazo del Vaticano de una primera versión tendiente a la tolerancia cero, provocando la reacción indignada de las asociaciones de víctimas. Los obispos insistieron en que estas nuevas normas no modificaban en nada la política de tolerancia cero adoptada en Dallas. Al contrario, señala el cardenal de Chicago, Francis George, refuerza esa política brindando "un cuadro jurídico estable".
"Un padre o un diácono, aun por un solo acto de abuso sexual, será retirado de manera permanente del ministerio público", aseguró el obispo de Bridgeport (Connecticut, este), William Lori.
Los obispos conservan la autoridad de suspender al sacerdote acusado, pero ahora tienen un margen para apreciar la credibilidad de las acusaciones, mientras que en la carta de Dallas la suspensión era inmediata. Además, sólo un tribunal eclesiástico de la diócesis o del Vaticano, y ya no la autoridad diocesana, tendrá la facultad de pronunciar su destitución.
Estas nuevas normas eclesiásticas, que tienen asegurado el aval de Roma, fueron adoptadas por una vasta mayoría de los obispos y cardenales reunidos en Washington, con 246 votos a favor, siete en contra y seis abstenciones.
La nueva política revisa la carta de conducta y las normas adoptadas en junio en Dallas (Texas), que instauraban la exclusión inmediata del clero de los sacerdotes responsables en el futuro de una agresión sexual contra un menor.
El Vaticano había rechazado en bloque la carta y las normas de Dallas, debido a que contrariaban "la ley universal de la Iglesia" (derecho canónico) y a que no garantizaban el derecho a un proceso justo.
La comisión local de laicos que debe asistir al obispo para establecer la veracidad de las acusaciones ve reducida su participación a la de un cuerpo consultivo, en tanto el procedimiento judicial canónico permanecerá en secreto.
Otra concesión al Vaticano: la instauración de un plazo de prescripción para el comienzo de ese proceso. La denuncia deberá ser presentada a más tardar diez años después de cumplida la mayoría de edad de la víctima, es decir a sus 28 años, con la posibilidad de excepciones.
Estos cambios suscitaron una reacción indignada de las asociaciones de víctimas, que denuncian un retroceso con relación a los principios adoptados en Dallas.
Los cambios "van a hacer más lentas las sanciones contra los curas infractores e incluso, potencialmente, permiten a algunos de ellos retomar su ministerio, mientras que eso desalentará de hablar a las víctimas", señaló David Clohessy, director de la Red de víctimas de abusos por sacerdotes.
La adopción de esta política se suscita al cabo de un verdadero "annus horribilis" para la Iglesia Católica estadounidense, tras el estallido en enero de un escándalo de sacerdotes acusados de agresiones sexuales a menores. (AFP)
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