El abogado defensor de Antonio Nito Vanrell apeló la sentencia a cinco años de prisión a los que ha sido condenado el ex vicegobernador y reclamó la nulidad de la causa. El doctor Jorge Bedouret realizó la presentación respectiva durante la mañana de ayer ante el juez del crimen Mauricio Frois, en Santa Fe, tal como lo había anticipado La Capital en ediciones anteriores.
Si el magistrado accede al recurso, el caso pasará a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal -integrada por los doctores Pedro Sobrero, Agustín Bassó y Roberto Carreras-, la que en ese caso deberá resolver si corresponde o no que Vanrell cumpla la condena. A esto cabe señalar que, en su presentación, Bedouret ha hecho las reservas habituales a fin de poder apelar ante la Corte provincial y, eventualmente, ante el fuero federal.
Frois había dictado su sentencia el pasado miércoles, condenando al ex vicegobernador a la pena referida por los delitos de asociación ilícita, peculado reiterado y falsificación de documento público reiterado. La condena por iguales causas y término alcanzó también al ex secretario administrativo del Senado Rubén Alonso.
Los restantes imputados, Miguel Angel Foressi, Eduardo Antonio Pinés y Alfredo Infante, ex colaboradores de Vanrell, fueron condenados a su vez a tres años de prisión en firme, ya que fueron encontrados como partícipes principales de peculado reiterado y autores de asociación ilícita. Los condenados deben pagar una indemnización de diez millones de pesos.
En su presentación, Bedouret interpretó que la resolución del magistrado es arbitraria por valorar en forma indebida distintos instrumentos del caso, así como diligencias que a su entender carecen de eficacia incriminante.
También sostiene que el Tribunal de Cuentas de la provincia no cumplió oportunamente con los controles a su cargo, pese a lo cual el juez Frois le ha otorgado a sus resoluciones valor probatorio y que un temperamento similar adoptó respecto de los dichos de los co-imputados, así como a testigos que a su entender también tendrían que haber sido imputados.
Recordó, tal como lo ha sostenido el propio Vanrell en declaraciones periodísticas, que éste no tenía "funciones administrativas de control y/o de administración y/o de disposición de fondos públicos", criterio que no ha seguido el juez, dado que lo ha considerado responsable de dichas acciones.
Derecho a defensa
Interpretó además que al ex vicemandatario le fueron atacadas sus garantías constitucionales, en cuanto refiere a los derechos de defensa y de igualdad ante la ley, además del debido proceso.
El letrado sostuvo que el juez del crimen se arrogó el papel de legislador al aplicar la figura de asociación ilícita, contradiciendo lo estipulado en el Código Penal.
El resonante caso Vanrell se arrastra desde los primeros meses de 1990, cuando se denunció la compra de juguetes por un millón de dólares. Poco tiempo después y en ese mismo año, el entonces vicegobernador de la provincia fue separado de su cargo e inhabilitado por el término de ocho años para ocupar cargos públicos.
El juez Frois sostuvo que se está ante una banda que operaba desde el Senado provincial para cometer delitos, "cada uno tenía un rol específico que cumplir", afirmó. El magistrado manifestó que las direcciones de las empresas donde -según la declaración de Vanrell- se hicieron las distintas compras, correspondían a playas de estacionamiento, consultorios médicos, plazas públicas, obras y edificios en construcción, entre otras direcciones falsas.
"Esta siempre fue una causa política teñida de enfoques que no son punibles al vicegobernador", sostuvo como respuesta Vanrell, en declaraciones a La Capital, además de asegurar que "no teme" volver a prisión.
La Ciudad
