Editorial

La venta de remedios inducida

La investigación realizada por la Asociación Civil del Hospital Centenario logró evidencias de algo que despertaba sospecha: la mayoría de las farmacias de la ciudad de Rosario no ofrece alternativas de medicamentos a los pacientes que concurren con recetas. Por el contrario, los inducen a comprar las marcas más caras, ocasionándoles -fundamentalmente a las personas de escasos recursos- un perjuicio adicional al que sobrellevan por enfermedades. Resulta verdaderamente despiadado, habida cuenta del tremendo acoso de la crisis económica; pero es de práctica cotidiana y deja expuesta también la relativa vigencia de la nueva ley de genéricos, aprobada en la provincia dos meses atrás.
El trabajo de la Asociación se basó en el tratamiento que recibieron 90 recetas en 30 farmacias y demostró que el 85 por ciento de los negocios inducía a la compra de las drogas más onerosas. No puede sorprender. En la Argentina, como en casi todos los países de la región, la oferta de medicamentos está regida por las leyes de mercado, que, lejos de considerarlos como un bien común, al que todos los ciudadanos tienen derecho para garantizar su salud, los tratan como meros productos que generan ganancias. Por eso suena poco convincente cuando se pide tiempo para que las farmacias se abastezcan de remedios menos costosos. ¿Cuánto tiempo, quién puede determinarlo?
Precisamente, un aspecto crítico de la nueva ley de genéricos es que no se hayan establecido formas de control y tampoco sanciones para quienes no respetan su cumplimiento. Ninguna de las farmacias relevadas en la investigación poseía información a la vista sobre las distintas alternativas que deben ofrecerse, algo que está estipulado en la norma, que no se cumple y por lo tanto no existe castigo.
Se puede coincidir en que hay razones culturales que llevará un tiempo modificar, tanto en los pacientes como en los profesionales, pero nada justifica que la ciudadanía se siga sintiendo sometida con viejas argucias, verdades a medias o mecanismos extorsivos de quienes tienen grandes intereses en juego. El Estado deberá intervenir con celeridad para enmendar errores y los colegios tienen una responsabilidad ética frente a la situación que no pueden eludir. Los sectores más desprotegidos y las futuras generaciones sabrán reconocerlo.