Hay trescientos damnificados

Nueva denuncia contra una inmobiliaria que ofrecía falsos planes de viviendas

Decían que adjudicaban propiedades en Casiano Casas. La mayoría de los damnificados son policías

Una nueva denuncia contra una inmobiliaria que ofrecía falsos planes de viviendas fue presentada en Tribunales por familias que pagaron 350 pesos para que les adjudicaran casas del barrio Casiano Casas. La misma organización había sido denunciada por defraudar a 200 vecinos de Granadero Baigorria que se suscribieron a un plan de viviendas a construir en el terreno de un hospital. La banda también defraudó a un sinnúmero de policías con un atractivo proyecto de levantar un barrio policial en cercanías de la Jefatura. Hasta el momento hay unos 300 damnificados, dos detenidas y un prófugo.
La investigación está en manos del juez de Instrucción Nº 11, Carlos Triglia. El magistrado recibió las primeras denuncias contra la empresa Afianzar, una falsa inmobiliaria que ofrecía planes de construcción de viviendas en cuotas a bajo costo. "Todo indica que contaban con una estructura bien montada", indicó un vocero.
A esa investigación ahora se sumó otra denuncia por una falsa licitación de viviendas en un barrio de Casiano Casas al 8500, agregó el vocero.
Las víctimas dijeron que pagaron cien pesos para suscribirse al plan y que al ser favorecidas por el sorteo debían anticipar dos cuotas por un total de 250 pesos. Los adscriptos al plan detectaron el ardid al enterarse de que los titulares de la firma habían sido detenidos por un fraude similar en Granadero Baigorria.
La detención de los responsables de Afianzar se produjo la semana pasada, cuando un concejal denunció que unos 200 vecinos de esa ciudad se habían adherido a un plan de viviendas sobre terrenos que en realidad pertenecían al Hospital Eva Perón y el Hospital Escuela. La maniobra fue descubierta por el edil Juan Alvarez al advertir que esos lotes habían sido declarados patrimonio cultural de Santa Fe.
En el marco de esa denuncia fueron apresados Sergio Gustavo Salomoni, de 37 años; María Angélica Estévez, de 48 años; y María de los Angeles Ceballos, de 23, quienes luego recuperaron la libertad por orden del juez Osvaldo Barbero, que intervino porque estaba de turno.
Luego el caso quedó en manos de Triglia, quien desde hacía tiempo estaba tras los pasos de la banda y había dispuesto intervenciones telefónicas a los sospechosos. Las escuchas revelan cómo los estafadores engañaban con excusas a los clientes que se quejaban por las demoras en el inicio de las obras.
Entonces Triglia ordenó la detención de los imputados bajo la acusación de estafas reiteradas. Las mujeres volvieron tras las rejas, pero el hombre se esfumó y actualmente se encuentra prófugo. Ahora el juez les negó la excarcelación, lo que fue apelado por la defensa de las imputadas.
Quienes también cayeron en la trampa fueron empleados policiales a los que tentaron con un barrio policial a construir en Avenida Francia y Uriburu. "Hicieron difusión dentro de la misma policía", advirtió el investigador, quien señaló que entre las listas de damnificados se destaca una gran cantidad de agentes del CGI y el Comando Radioeléctrico.