Por la ciudad

El problema está en otro lado

Arián Gerber

¿Qué sentido tiene que el Concejo recorte en 28 millones de pesos el presupuesto 2002 de la
Municipalidad cuando el 90 por ciento de esos fondos ya están gastados? Esta es la pregunta que quedó flotando tras la sesión del miércoles pasado.
Es evidente que detrás de la pirotecnia verbal que protagonizaron esta semana el Ejecutivo y el Concejo hay una jugada política de la oposición. Jugada que sería legítima en el marco de las habituales disputas partidarias, si no fuera porque se está utilizando como munición gruesa la ordenanza más importante que tiene un municipio: el presupuesto.
La ofensiva contra el gobierno municipal se definió hace quince días en una reservada reunión que mantuvieron los concejales peronistas con el presidente del Partido Justicialista santafesino, Angel Baltuzzi. "¿Qué somos nosotros, oficialismo u oposición? Entonces, cuestionemos el presupuesto que envió Binner", fue el reclamo que les realizó a los ediles.
Pero no sólo esto empaña lo que debería ser una discusión seria sobre el tema, sino que además es impresentable que el presupuesto 2002 se apruebe a sólo 40 días de que termine el año. ¿El oficialismo y la oposición no tuvieron tiempo para tratarlo en estos once meses que pasaron?
No se concibe una administración moderna y ordenada que no cuente al inicio del ejercicio fiscal con un plan de acción aprobado y que marque la orientación de gobierno. Y esto se define en un presupuesto, que proyecta los ingresos y marca las prioridades de gastos e inversiones que piensa realizar el Ejecutivo.
"Que el municipio no gaste más de lo que recauda", fue el argumento que esgrimieron en el recinto los concejales opositores para justificar la poda. Ese es el "abc" de una economía sana, y el mismo criterio tendría que primar en las cuentas públicas de las provincias (la Caja de Jubilaciones de Santa Fe tiene un déficit de 130 millones de pesos por año) y en la Nación. También es verdad que el gobierno municipal está financiando su déficit (la diferencia negativa entre ingresos y egresos) desviando recursos que pertenecen a fondos específicos, y cómo consecuencia no se pavimentó en el último año ni una cuadra de las calles de tierra que todavía tiene la ciudad.
Pero no se puede decir que el endeudamiento de la Municipalidad sea alto y menos que el peso del Estado municipal de Rosario sea excesivo si lo comparamos con el de otras ciudades del país. Y como muestra basta un botón: el presupuesto de la ciudad de Córdoba es de 540 millones de pesos anuales, cuando en Rosario sólo asciende ahora a los 266.
Entonces, si se quiere analizar seriamente el tema habría que decir que el problema no está allí, en el monto global del presupuesto, sino en la eficiencia de ese gasto y de la recaudación.
¿Hay gastos del Estado municipal que no se corresponden con los servicios que brinda? ¿Hay ineficiencia y despilfarro? ¿Hay una inversión burocrática excesiva, que no es productiva? ¿Cómo se cambia la estructura del gasto cuando los mayores recursos se los lleva esta burocracia? ¿Cómo combatir la evasión de los contribuyentes(comerciantes y empresarios) que no tributan correctamente la tasa de registro e inspección? Esta son algunas de las preguntas que habría que responder, y es lo central a modificar.
Nadie puede oponerse a destinar fondos para atender las situaciones de emergencia social, salud, cultura e inversiones de infraestructura, pero el gasto tiene que respetar principios de racionalidad, austeridad y disciplina. ¿Cómo se explica que Cultura municipal se lleve 10 millones de pesos al año, y esa cifra se vaya casi íntegramente en sueldos?
La ciudadanía debe realizar un estricto control de las cuentas públicas. Tiene que exigir que sean transparentes las contrataciones y licitaciones; que se evalúen los gastos que realiza el Estado, eliminando los superfluos; y que se controlen las compras, como ejemplo que las cantidades sean las adecuadas. Muchas veces se ha constatado en distintas esferas del Estado que se adquieren cosas que no se necesitan o en cantidades que no son necesarias (un reciente ejemplo son las raciones de comida que el Ministerio de Educación enviaba de más a muchas escuelas).
Todo estos controles generarían ahorros, y esos fondos podrían redestinarse a aumentar la calidad de los servicios que se brindan a la población.
Pero de todo esto no habla el Concejo. El mismo Concejo que a principio de año promocionó un autoajuste "sin precedentes" de su presupuesto, y que finalmente terminó un burdo dibujo contable: se limitó a trasladar 133 empleados al Ejecutivo municipal. Es decir, al contribuyente -que es el dueño de los dineros públicos- la burocracia que generó año tras año el Concejo le sigue costando lo mismo.