Atilio Pravisani / La Capital
Santa Fe. - La suerte del subsecretario de Transporte de la provincia, Carlos Muia, y del director del área, Darío Gabriel Airaudo, quedó sellada ayer luego de la reunión de gabinete que presidió el gobernador Carlos Reutemann, a poco de reintegrarse a sus funciones. Durante el encuentro, el mandatario fue interiorizado sobre los detalles de la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal dejando firme el procesamiento dictado por el juez José Manuel García Porta -como probables autores de coacción-, base sobre la cual Reutemann decidió aceptar las renuncias de ambos.
Sendas dimisiones habían sido presentadas en ocasión de que el citado magistrado dictara sus procesamientos por abuso de autoridad, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero ambos apelaron la medida y continuaron en sus funciones con el apoyo del poder político que ahora resolvió bajarles el pulgar después de conocerse el fallo ratificatorio del alto tribunal.
Si bien el ministro de la Producción, Ricardo Fragueyro, señaló que durante la reunión se estaba analizando la resolución de la Justicia, los considerandos y fundamentos eran conocidos por todos desde la mañana temprano en la Casa Gris.
Entre los elementos que sobresalen en la resolución del alto tribunal, debe destacarse el pedido que se le formula al juez García Porta para que realice una serie de diligencias que hagan avanzar la investigación, entre ellas que convoque como testigo a Miguel Angel Paulón, ex ministro de la Producción, por lo que pueda aportar en esta causa.
De los tres cargos que le imputó el magistrado a Carlos Muia, la Cámara confirmó el de coacción, dejando de lado el de abuso de autoridad y el de incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque haciendo reserva de que "esto no implica abrir juicio alguno respecto de que otro hecho o la conjugación del analizado con otros, pueda configurar otro supuesto eventualmente apto para constituir un delito".
En el caso de Darío Airaudo, el tribunal colegiado ratificó el cargo de partícipe principal de abuso de autoridad y revocó las otras imputaciones, pero reconociendo que "la investigación no se encuentra agotada y que el resultado de lo que falta por dilucidar es aleatorio". Asimismo, destacó la necesidad de su esclarecimiento ya que "determinados actos funcionales beneficiarán a ciertas partes en perjuicio de otras".
Las actuaciones del juez García Porta se iniciaron a partir de la denuncia presentada por los trabajadores de las empresas San José del Rincón y de Servitur, presentando a la Justicia un acta por la cual se designaba a la firma Santo Tomé SRL la explotación del tramo Santa Fe-Rincón, y según los cuales la misma estaba viciada de nulidad porque uno de los supuestos firmantes -el doctor Juan Quagliotti, representante de la empresa San José del Rincón- aparecía suscribiéndola y desistiendo de toda acción judicial, convalidando este traspaso de firmas y cediendo el tramo de ruta ya citado.
Justamente este elemento fue objetado en la Justicia afirmándose que Quagliotti nunca firmó el acta, nunca acordó lo que en él se decía. En este sentido hay datos en la resolución de la Cámara que son contundentes, como en el tramo referente a la comisión del delito de coacción que "habría consistido en la advertencia que hizo Muia al abogado Quagliotti de que retiraría todos los colectivos de la empresa San José de Rincón si no suscribía el acta de referencia".
En su dictamen, la Cámara señala que "Muia no admite haber ejercido presiones sobre Quagliotti, pero sí admite haber concurrido al bufete del mismo", y más adelante agrega que "no sólo resulta extraño, y sí provocador de sorpresa, que Muia se trasladara hasta el bufete de un abogado particular si no cumplía más que sus funciones, sino que además existen afirmaciones respecto de que intentaba, también Airaudo, entorpecer la actividad de las empresas San José del Rincón y Servitur SRL".
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El renunciante subsecretario de Transporte Carlos Muia. |  | Ampliar Foto |  | |
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La Ciudad
