La pregunta del millón es cuál sera el futuro del régimen previsional argentino, un sistema que entró en crisis a partir de una evasión de alrededor del 70% y una abismal diferencia entre aportantes y beneficiarios. La incertidumbre es mayor respecto de la capacidad de respuesta de las AFJP frente a la crisis coyuntural y la pesificación de las capitalizaciones. A esto se suman las regulaciones por parte del Estado y el peso de un déficit en el presupuesto previsional que deja mal parados a quienes quedaron dentro de la órbita pública.
En 1993 el Ejecutivo promulgó la ley que puso en marcha el Sistema Integrado de Jubilación y Pensiones (SIJP), que convirtió al régimen previsional en una estructura mixta sustentada en un sistema público de reparto y un sistema privado de capitalización.
En el primero, el Estado maneja un plan por el cual se otorga una jubilación de acuerdo a los aportes hechos en el transcurso de la vida útil laboral. El límite son 30 años aportados. En el segundo, los fondos son manejados por administradoras de fondos (AFJP) que capitalizan al fin de la vida útil laboral o en un retiro planificado. En ambos casos, los sistemas contemplan una retribución mínima: la Prestación Básica Universal (PBU).
El histórico sistema de previsión contemplaba la existencia de cajas jubilatorias para el personal de industria y comercio, además de las provinciales. En 1955, los aportantes eran 3 millones sobre 300 mil beneficiarios. En 2002 los beneficiarios del sistema público son 8 millones y los aportantes son sólo 2,5 millones.
La reforma del sistema jubilatorio tuvo entre sus objetivos reducir la evasión y lograr un círculo virtuoso compuesto de ahorro-inversión-mejores beneficios. En 1994 se abrieron 25 administradoras, hoy sólo operan 13. No hubo quiebras ni cierres sino un período de fusiones.
Las previsiones sobre las que se asentó la reforma contemplaban una tasa de crecimiento del empleo del 5% anual y un nivel de aportes al sistema no menor al 85%.
La cruda realidad
La realidad marcó otras perspectivas. El SIJP contempla que quienes se integran al mercado laboral tienen 90 días para optar por el sistema público (reparto) o privado (capitalización), lo que para algunos críticos significa una alternativa confusa y poco válida pues al poder optar por una u otra se producen desfasajes .
De momento, sólo el 70% de la población mayor de 65 años cobra su haber por medio del SIJP. Con los números actuales, una proyección a largo plazo indica que sólo el 28% de la Población Económicamente Activa (PEA) está aportando para lograr su remuneración al momento del retiro.
Las AFJP tienen actualmente 9 millones de afiliados al régimen de capitalización, en tanto el número de aportantes es de casi 3 millones, sólo el 31%. Del total de aportantes, el 96% está en relación de dependencia. El sistema cuenta con 107 mil beneficiarios pero la mayoría de estos son retiros por invalidez y pensiones por fallecimiento. Los fondos acumulados por las administradoras fueron en agosto de $37.000 millones.
Después de la pesificación asimétrica, de enero de este año, los dardos apuntaron hacia el sistema de administración. La pérdida en dólares de los fondos ascendió a unos 11.000 millones.
Con aportes del 11% las administradoras recaudaban 320 millones. Con el 5% actual, la recaudación no excede los 150 millones. Pero como se deducen unos 70 millones de pesos por comisiones y seguros, a las cuentas de los afiliados van sólo unos 80 millones por mes.
La estructura de cartera de inversiones de los fondos y las administradoras acusan un 75% de títulos públicos emitidos por la Nación, lo demás se reparte entre obligaciones negociables, plazos fijos, acciones de sociedades y empresas, y en menos medida fondos de inversión directa, contratos a futuro y fideicomisos.
No obstante, con este panorama futuro las administradoras defienden el sistema. Horacio Canestri, director ejecutivo de la Unión de Administradoras (Unafjp), explicó: "El sistema es sólido. Pese a estar muy regulado las cuentas que hacemos por rentabilidad son a largo plazo".
Las críticas al sistema de capitalización abundan. Las comisiones cobradas a los aportantes son altas, el dinero perdió su valor en dólares y las administradoras se capitalizaron con títulos basura.
Sin embargo, las AFJP minimizan los cuestionamientos y apuntan a financiar por más de 1.600 millones de pesos, el 4% de los fondos generales, los fideicomisos destinados a exportaciones, construcción de viviendas y fondos agropecuarios y forestales. Canestri sostuvo que "la pesificación fue abrupta, desde el sector planteamos la redolarización. Algo es claro, el sistema demostró su eficiencia y nosotros nos oponemos a una vuelta al sistema anterior, que está quebrado", sentenció.
La discusión en el Congreso
El tema previsional se discute en una comisión del Congreso. Los santafesinos Angel Baltuzzi (PJ) y Héctor Cavallero (PPS) trabajaron activamente en las discusiones. Entre los temas más candentes se trató la derogación de las jubilaciones de privilegio, que si bien no exceden las 10 mil, marcan un criterio de inequidad en el sistema."Este sistema de capitalización es otra estafa para los argentinos", sostiene Cavallero, quien aclaró que "los proyectos presentados abren la posibilidad de optar por volver al reparto estatal".
Para los legisladores, el Estado, carga con la masa de jubilados pero no percibe los aportes totales. Diputados cercanos a la comisión dejaron trascender que "el lobby de las administradores es muy fuerte, y la opción de volver al sistema de reparto tal vez nunca sea tratada".
El negocio de las AFJP y el sistema jubilatorio en general se calcula a largo plazo y la coyuntura no limita los proyectos del modelo. Pero lo cierto es que quienes hoy tienen entre 30 y 40 años y forman parte de la población económica activa deberán prestar atención a su irremediable, y tal vez paupérrimo, futuro de vejez.
La Ciudad
